MANIFIESTO DE LAS COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS DE CAÑARIS, INCAWASI Y SALAS:
PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA
LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS, SAN ISIDRO LABRADOR DE
MARAYWACA, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SAN PABLO DE INKAWASI, RONDAS
CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MATEO PENACHI-COLAYA,
FRENTES DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HÚMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS,
INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE Y RONDAS CAMAPESINAS MANIFESTAMOS:
Nosotros y nosotras,
autoridades de las Comunidades Campesinas de las diferentes
instituciones y pueblos originarios, indígenas y ronderiles, de San Juan
de Cañarís, San Isidro Labrador de Maraywaca, José
Carlos Mariátegui, San Pablo de Inkawasi y Rondas
Campesinas, de la provincia de Ferreñafe-región Lambayeque,
participantes la Mesa de Trabajo por el Desarrollo de Cañaris, realizada
el 2 de febrero del 2013, que participamos con el objetivo de analizar y
ver el conflicto socio ambiental de nuestros pueblos originarios de
acuerdo al Derecho Consuetudinario que nos asiste.
Considerando los impactos de la actividad extractiva
minera en la vida colectiva y cultural en nuestros territorios
ancestrales, y que habiendo viajado desde nuestros lejanos pueblos hasta
Ferreñafe, teniendo como principal motivo manifestar que es necesario
que se respete nuestro consentimiento previo, libre e informado, en el
marco del Convenio 169 de la OIT, informamos que el pedido alcanzado a
los Comisionados del Gobierno Nacional ha sido denegado una vez más, en
complicidad con el Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos
locales participantes en la Mesa de Trabajo, que obviaron
nuestras propuestas, argumentando que no se han presentado a dicha Mesa
nuestros planteamientos de manera formal y que ésta tiene un reglamento
y si deseamos lo presentemos en la siguiente reunión para que la
subcomisión la considere, para alcanzarlo al pleno de la Mesa, para que
allí se decida sobre nuestros derechos indígenas. La experiencia nos
demuestra que existen pocas posibilidades de diálogo con autoridades que
desconocen y no respetan los derechos de los pueblos indígenas y
originarios.
El fundamento de nuestra resistencia indígena, es por
la intromisión e invasión en nuestro territorio ancestral de la empresa
Minera Candente Copper Corporatión-Cañariaco, la que no cuenta con
NUESTRO CONSENTIMIENTO. Por lo que pedimos al Estado peruano que dicha
empresa minera suspenda sus operaciones y se retire definitivamente de
nuestros territorios ancestrales, por haber violado nuestros derechos
naturales,
inherentes y consuetudinarios y que respeten nuestra Consulta Comunal
del 30 de septiembre del 2012 reconocidos constitucionalmente en los
Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT de los
Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, exigimos como condición para el diálogo el
retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros territorios,
puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad
comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de
la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la
zona. A esto elevamos nuestra voz de rechazo ante la persecución de
nuestros/as dirigentes y líderes/as comunales y ronderiles. Por
otro lado, rechazamos categóricamente los resultados de la
Asamblea General del 8 de julio del 2012 realizada por la Minera
Candente Popper y sus aliados, reconocida ilegalmente por el gobierno
peruano desconociendo el Convenio 169 de la OIT, autorizando a la
empresa minera continuar con sus operaciones en nuestro territorio
indígena – originario.
La inversión para el desarrollo que
plantea el Gobierno Central para nuestros pueblos en su responsabilidad
como Estado donde está incluido los gobiernos regionales y locales, no
puede condicionar ni confundir nuestro reclamo válido al ejercicio de
nuestros derechos consuetudinarios que estamos haciendo en defensa de
nuestros territorios por la invasión de un megaproyecto minero
transnacional.
El Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos
locales con el pretexto del desarrollo y bonanzas que muchas veces se
tejen tras las componendas de la mafia y la corrupción con las
transnacionales no puede minimizar y
distorsionar nuestra lucha legítima y legal que hemos emprendido como
pueblos originarios e indígenas y ronderiles. Es por ello
que pedimos a las Autoridades Nacionales, Regionales y Locales a
entender y reconocer que somos pueblos culturales y ancestrales
existentes desde antes y después de los Mochicas y el Tahuantinsuyo en
el norte del Perú, por lo que exigimos que se nos respeten nuestros
derechos en el marco Constitucional y en los Instrumentos
Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la
jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Somos autoridades originarias, comunales y ronderiles
que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y derechos
como pueblos, a no permitir la subordinación al colonialismo que rompe
la estructura genuina y natural de los pueblos
originarios. El Perú es un Estado pluricultural y por lo tanto los
gobiernos no pueden tener prácticas monistas y anti democráticas en la
toma de sus decisiones y de su desenvolvimiento como ESTADO. Los
pueblos conocemos los problemas e impactos que genera la industria
minera de metales a gran escala en muchas regiones del Perú donde se
está dando esta actividad extractiva. Las Empresas transnacionales
violan derechos de los pueblos, no cumplen con el marco normativo, no
tienen en cuenta el gran costo intergeneracional, cultural y ambiental
que sus actividades vienen ocasionando a los pueblos y que el Gobierno
tiene la obligación de proteger.
Por lo tanto, nos pronunciamos ante las autoridades
políticas, judiciales, económicas, culturales, ambientales, y a la
opinión pública nacional e internacional.
1. La imposición por parte del Gobierno Nacional del megaproyecto
minero Cañariaco a los pueblos originarios de las Comunidades
Campesinas de San Juan de Cañares, San Isidro Labrador de Maraywaca,
José Carlos Mariátegui, San pablo de Inkawasi y Rondas Campesinas, está
ocasionando que se altere nuestra forma de vida del que estamos
acostumbrados los pueblos originarios, indígenas, campesinas y
ronderiles. Hoy nuestros pueblos conocen sus derechos, y éstos lo
haremos prevalecer legalmente. Queremos que respeten nuestro propio
modelo en base a la COSMOVISION DE LOS PUEBLOS que se expresa en las
actividades de la agricultura, la ganadería, la relación humana y la
naturaleza de buen vivir, en el respeto de la pluriculturalidad de
nuestra región Lambayeque.
2. Respeto a los resultados de la
Consulta Comunal realizada por la Comunidad Campesina San Juan de
Cañaris, en el marco del
Convenio 169 de la OIT, donde el 97% de los comuneros(as) rechazaron la
actividad minera, no otorgando consentimiento a la empresa Cadente
Cooper.
3. En lugares donde las
empresas operan, no tributan de acuerdo a las enormes ganancias que
obtienen en el mercado internacional. hay ejemplos claros, caso
Cajamarca 20 años de gran minería sin embargo los pueblos sumergidos a
la extrema pobreza, Huancavelica de igual forma, etc… que según los
índices en esas regiones hasta incrementaron la pobreza y exclusión,
puesto que las actividades mineras compiten con las actividades
productivas y económicas de las comunidades y de los pueblos, sobre todo
la actividad agropecuaria y turística. Por lo tanto, la minería de
metales NO contribuye al desarrollo humano sostenible de las comunidades
ronderiles, eso es lo que no quisiéramos en nuestros pueblos.
4. Condenamos que los gobiernos
en vez de fiscalizar, sancionar a las mineras, implementen y hagan
cumplir los estándares internacionales. El monitoreo ambiental están
parcializadas tal como lo han demostrado las autoridades en el espacio
de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas
mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos. Por ello,
las industrias mineras, generan daños a la salud de los pueblos. En
nuestro caso las más de 13.000 hectáreas de bosques naturales que se
ubican en las cordilleras alto andinas de nuestros pueblos, recursos
hídricos de cabeceras de cuenca, micro cunecas y valles y toda nuestra
biodiversidad y vida colectiva, expuestos a los altos riesgos
desaparición e índices de contaminación, por la utilización y generación
de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico,
mercurio y plomo.
5. Desde que llegó la transnacional minera a nuestros
pueblos, se está
produciendo amenazas, hostigamiento y criminalización a nuestros
líderes y por nuestra lucha legítima y justa hoy venimos siendo
procesados y perseguidos por el Poder Judicial y Ministerio Publico. La
Empresa minera en nuestras comunidades esta que promueve la corrupción
de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de chantaje, división,
confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y
deslegitimarnos como comunidades originarias, Indígenas y ronderiles,
aprovechando la débil posición de nuestro Gobierno Regional y locales
que firman y aceptan diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las
transaccionales, con el Gobierno Nacional y los grupos de poder
económico, desamparando a los pueblos, las empresas implementan medidas
de represión, difamación, persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento a
los dirigentes o toda persona que no esté de acuerdo con su política.
En tal sentido creemos que el lema de la
“Responsabilidad Social Empresarial”, se convierte en acciones de
“Control y sometimiento social”.
6.
Al no ser atendidos y considerados nuestros reclamos por la cual
luchamos, por las autoridades nacionales, regional y locales, dentro de
la mesa de trabajo, nos declaramos en permanente movilización y
resistencia como pueblos originarios hasta ser atendidos. Todo nuestro
respaldo y apoyo a nuestro legítimo representante y presidente de la
comunidad San Juan de Cañares, Santos Cristóbal Barrios y demás miembros
de las comunidades campesinas y ronderiles en mención. Nuestro rechazo a
las organizaciones de fachada creadas por la transnacional minera y el
gobierno nacional, en las mesas de trabajo que no están amparadas y
respaldadas en el marco normativo tal como lo tienen su reconocimiento
las Comunidades campesinas, indígenas y ronderiles.
7. Reconocemos el gran
apoyo de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
(CUNARC-P), el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS),
Comando Unitario de Lucha de la Región Lambayeque, Marcha Mundial de las
Mujeres de la Macroregión Norte Perú, Junta de Regantes Chancay
Lambayeque, que, como parte del pueblo acompañan la lucha de nuestros
hermanos y hermanas, que creen en otra forma de vida y desarrollo: con
justicia para todos, equitativo, sostenible y solidario.
Chiclayo 03 de febrero del 2013.
SANTOS CRISTOBAL BARRIOS CARRILLO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINAS DE SAN JUAN DE CAÑARIS
ROSA SARA HUAMAN RINZA SECRETARIA DE ASUNTOS FEMENINOS DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS
NARCISO CALDERON CARLOS PRESIDENTE COCASIL – MARAYHUACA - INCAWASI
PABLO BERNILLA ROQUE SECRETARIO DE ACTAS FRENTE DE DEFENSA DE LOS BOSQUES HUMEDOS DE LOS DISTRITOS KAÑARIS, INKAWUASI, SALAS, MIRACOSTA Y MOTUPE.
GERMAN DE LA CRUZ CESPEDES PRESIDENTE DEL COMITÉ ZONAL DE RONDAS CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MATEO DE PENACHI- COLAYA, DISTRITO DE SALAS
FUENTE: Ydelso Hernandez Llamo http://www.facebook.com/
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