Congresista de la República
Tambogrande, Tía María, Bagua, Conga, Espinar, etc.,
han hecho correr mucha tinta, o rebotar muchos twitts, según el caso. Y las lecturas que se han hecho de estos
procesos han sido diversas. Lo cierto es que detrás de estos topónimos hay
movimientos sociales cuya principal plataforma ha sido la defensa de los
recursos naturales. Movimientos sociales que han revelado los límites de un
modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas, que genera
graves impactos sociales y ambientales y sin embargo mantiene una débil institucionalidad
estatal concebida con un criterio que prioriza lo económico en desmedro de lo social
y lo ambiental, cuya balanza se inclina fácilmente a favor de los intereses
empresariales en perjuicio de las poblaciones que se ven afectadas por los
impactos de los proyectos extractivos.
A pesar de ello, y a pesar de la invisibilización o la
represión y criminalización por parte del gobierno, estos movimientos sociales
han planteado sus “plataformas de lucha” con tanta fuerza y persistencia que
han logrado colocar temas en la agenda
nacional y el gobierno se ha visto obligado a recogerlos. En algunos casos lo
han empujado a plantear reformas institucionales. Aunque a veces sean demasiado
tímidas o vengan “con trampa”, constituyen avances que son, en buena cuenta, logro de los movimientos sociales.
Procesos como los de Tambogrande o Bagua aceleraron las
condiciones para la aprobación de la Ley de consulta previa. Los procesos de Tía
María, Majes Sihuas o Conga revelaron las deficiencias del sistema de
certificación ambiental (la aprobación de los famosos Estudios de impacto
ambiental). El actual gobierno tuvo que constituir una Comisión multisectorial
para proponer una nueva relación con las industrias extractivas. La primera
propuesta de esta comisión ha sido la creación del Servicio nacional de
certificación ambiental (SENACE), una entidad adscrita al Ministerio del
ambiente que sería la encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental.
Aunque la propuesta tenga algunas deficiencias y sea más “tímida” que otra anteriormente aprobada en la Comisión de
pueblos indígenas, ambiente y ecología del Congreso, no hay duda de que
constituye un paso positivo.
En Espinar se ha evidenciado que los monitoreos
ambientales participativos no garantizan la credibilidad necesaria por falta de
mecanismos de verdadera participación, transparencia y de análisis integral de
resultados. Del proceso en curso de Espinar se derivarán sin duda importantes reformas
institucionales en esa materia.
Otro tema que ha sido puesto en la agenda política por
los movimientos sociales es el del “derecho al agua”. El gobierno ha presentado
como iniciativa suya el reconocimiento del derecho al agua como derecho
constitucional. Pero dos cosas vienen a matizar su triunfalismo. La primera es
que la propuesta ya fue presentada por varios congresistas a raíz de la Marcha
del agua de febrero pasado. La segunda es que la propuesta no recoge verdaderamente
lo que el movimiento social ha estado exigiendo. Y es que el gobierno ha
planteado el tema del agua desde un enfoque consumista. En cambio, el movimiento
social lo ha hecho desde un enfoque integral, ecosistémico. El gobierno habla
de reservorios como garantía de agua, el movimiento social plantea la
protección de las fuentes de agua naturales y la biodiversidad que garantizan.
En esa línea, Bolivia y Ecuador han avanzado en
reconocer en sus Constituciones no solamente el derecho al agua sino que han
incorporado una perspectiva más integral y más intercultural, llegando a
reconocer incluso los derechos de la naturaleza. Así, la Constitución ecuatoriana
le reconoce a la “Pachamama” el “derecho a existir, a perdurar, mantener y
regenerar sus ciclos vitales (…)”. En Bolivia se ha aprobado incluso la “Ley de
derechos de la Madre Tierra” donde ésta es definida como “el sistema viviente
dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida
y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que
comparte un destino común”. Concepciones que van mucho más allá de simples
reservorios.
Esta propuesta implica un enfoque integral, ecosistémico
e intercultural. E implica, sobre todo, una concepción ética pues no se trata
solamente de pensar en el agua suficiente para el consumo inmediato sino pensar
también en el agua que debemos preservar para las generaciones futuras.
--
Cecilia Nieto Bromley
Prensa y Comunicaciones
Despacho Congresista Verónika Mendoza Frisch
Teléfonos: 3117916 anexo 6563
/
"El hombre es hombre y el mundo es mundo, en la medida que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”
Paulo Freire
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