Por NÚCLEO
OBSERVATORIO COSTA NARIÑO. En el municipio de Olaya Herrera al igual que en el resto de los municipios de las zonas
norte y centro de la costa Pacífica
nariñense cada día se agudiza más la problemática socioeconómica y cultural
existente en el país, pero en especial las políticas de exterminio paulatino.
En este
territorio -poseedor de riquezas minerales, biodiversidad, grupos étnicos,
entre otras especificidades-, se continua
generando el saqueo indiscriminado, que afecta específicamente el sector
ambiental, limitando su crecimiento propio, a las comunidades negras ancestrales
que no pueden desarrollar sus prácticas culturales económicas y de
relacionamiento social en sus territorios colectivos.
Proyectos
como el conocido Arquímedes que pretende construir una nautopista que conecte a
través de ricos esteros las ciudades de Tumaco y Buenaventura y esta con Turbo
a través de los ríos San Juan y Atrato; la minería “legal”, y las carreteras y obras que se tienen proyectadas
construir en el marco de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la locomotora de la
infraestructura; se han planteado, desconociendo los derechos de las
comunidades afrocolombianas e indígenas, toda vez que invaden su territorio,
que causan devastaciones ambientales sin
precedentes, y el desplazamiento de muchas comunidades asentadas en las
riberas. Si se suma esta situación proyectada a la presente que es de
profundización del conflicto armado donde se encuentran territorios minados, fosas comunes, mutilaciones, torturas
a personas que
los grupos armados consideran
"sospechosas", el incremento de la aspersión aérea que está afectando la vida, el entorno de las personas y la
biodiversidad, completamos el panorama desolador.
Pareciera que
el objetivo es generar mecanismos de coerción y presión que lleven a las
comunidades ver en el desplazamiento a las grandes ciudades su única
alternativa, pasar de propietarios de territorios colectivos a mendigos de la
limosna estatal que brinda Acción Social, a cambiar su habla tradicional,
rural, desprevenida por una jurídica que le impone el Estado para acceder a las
"ayudas". De esta manera se impide
que las autoridades territoriales puedan ejercer la autonomía, gobernabilidad y
la defensa del territorio como lo ordena la ley 70/93.
En el
municipio de Olaya Herrera (y en casi todos del andén Pacífico), el
reclutamiento forzado de menores se ha vuelto virulento. Ya no tiene distinción, las instituciones educativas se han
convertido en objetivo de los grupos armados, donde eligen de manera arbitraria
y obligada a niños, niñas y jóvenes. Envían cartas invitando a la comunidad civil a ser partícipe
de su organización, obligando a suspender actividades deportivas, lúdicas y de
festividades pues ellos manifiestan estar en espera de estas actividades para
lograr su objetivo de forma violenta, esto se ha hecho muy evidente en la zona
rural.
El Consejo
Comunitario del Rio Satinga no es la excepción. En la parte alta, las escuelas
han suspendido sus actividades escolares, la problemática que existe en la
región tiene a las comunidades en confinamiento y pánico, pues todas las
escuelas y casas comunitarias están marcadas con panfletos publicitarios de la organización
de las FARC- EP. En estos territorios continúan las masacres, asesinatos, extorsiones y
re-victimización, ya que en años atrás algunas poblaciones que conforman
este Consejo Comunitario se vieron obligadas a desplazarse forzadamente por
enfrentamiento entre grupos armados. Lo contradictorio es que en ocasiones se
llega a considerar que ya han superado la afectación y secuelas que les dejó
este fenómeno, incluso, han limitado su presencia en
espacios de participación, pero aún hasta hoy se registran casos grandes de confinamiento que no generan
condiciones de retorno entre sus habitantes.
Producto de
la presencia de actores armados, narcotráfico, enfrentamientos bélicos, la no
existencia de garantías para la movilidad de productos y comercialización hacia
el exterior e interior de la localidad, y menos para los habitantes de la
región, al considerarse un territorio en confinamiento, los
pobladores han dejado abandonados sus espacios propios rurales, barriales, ambientales,
turísticos y vivenciales. Pero no solamente hablamos en pasado; estamos
advirtiendo a las instituciones competentes que por estas razones se puede
presentar en cualquier momento un desplazamiento masivo de estas comunidades.
Al mismo
tiempo, reiterar que ha sido y es una exigencia de las organizaciones
étnicoterritoriales al gobierno local, departamental y nacional, desarrollar
procesos de saneamiento territorial, de fortalecimiento organizativo y de
proyectos productivos amarrados a cadenas de comercialización favorable a las
comunidades, que les permita avanzar en la ampliación de los territorios
colectivos, gozar dignamente de ellos, y buscar salidas para la permanencia en
los mismos.
Ver en http://www.pacificocolombia.
25 de
noviembre 2012
 | Ante situación de satinga, indiferencia del gobierno.pdf 322 kb Ver Descargar |
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