Adital
El Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra- MST y la
Organización de Derechos Humanos Tierra de Derechos enviaron el jueves pasado (20/09) una
denuncia ante las Naciones Unidas – ONU sobre actos de violencia cometidos
contra campesinos que acampaban en Pernambuco. La situación se produce desde
que campesinos pertenecientes al MST ocuparon la finca Serro Azul, latifundio
improductivo con alrededor de 1 mil hectáreas, el 18 de abril de 2011, en el
municipio de Agrestina.
Las más de cien familias acampadas están sufriendo constante agresión
física y psicológica por un representante de la hacienda, Luis Reis y acerca de
15 guardas privados de los propietarios. Desde febrero de este año, el sargento
de la Policía Militar de Pernambuco José da Costa Lima también está actuando en
la represión a los acampados. La participación directa de Lima produjo la
intensificación de la violencia y denota la formación de una milicia privada
organizada para proteger a los intereses del propietario latifundista.
Según la denuncia remitida a la ONU, la policía militar también está
involucrada en otras situaciones de violencia contra los trabajadores rurales y
recibe "pedazos de tierra" por sus servicios como "pistoleros” en
la región. A cambio de la ejecución de los desalojos forzosos, Lima recibió tierras
en los municipios de São Joaquim do Monte y Agrestina, ambos en Pernambuco.
Otra acción ilegal del sargento fue registrada el 25 de julio de 2012, cuando
disparó con un arma de fuego contra los trabajadores rurales. Lima fue
finalmente apresado por el crimen, pero puesto en libertad en seguida.
Frente a los diversas violaciones cometidas contra las familias campesinas
del Campamento Gregorio Bezerra, la denuncia a la ONU reivindica que el
Estado brasileño ofrezca informaciones
sobre las medidas adoptadas para la protección de la vida de los trabajadores,
para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos y a
buscar la expropiación de la finca Serro Azul por el incumplimiento de la
función social de la propiedad rural. La denuncia también pide a la ONU enviar las
recomendaciones necesarias
para superar las violaciones de los derechos humanos
en Brasil.
Reseña de la violencia
Varias denuncias sobre la situación del Campamento Gregorio Bezerra fueron
transmitidas al poder público brasileño, sin que fuese tomada ninguna medida de
protección a los trabajadores o de castigo a los criminales. Días después de la
ocupación de la hacienda, las familias cumplieron una decisión judicial de reintegro
de posesión y han dejado voluntariamente la zona, con la promesa que el poder
público investigará la denuncia de incumplimiento de la función social de la
propiedad. Las familias han establecido campamento en un lugar cercano a la
hacienda Serro Azul, y aún estando fuera de la propiedad, continúan sufriendo
amenazas.
En octubre de 2011, sin mediar ningún intento una solución pacífica, las
familias fueron brutalmente desalojadas: casas fueron quemadas sin que se les
permitiera la retirada completa de sus pertenencias personales; algunos
trabajadores estaban todavía dentro de las casas cuando los tractores
comenzaron a destruir las construcciones; además, los trabajadores que
intentaron reaccionar fueron amenazados con cárcel.
Para sensibilizar al Estado brasileño a adoptar medidas ante esta situación
de grave violación de derechos contra los trabajadores, se está realizando una
campaña de envío de cartas a través de la organización Grassroots International.
En total ya han sido enviadas más de 7.000 cartas de apoyo de todo el mundo
exigiendo medidas a favor de las familias. Haga clic a continuación para unirse
a la campaña: http://bit.ly/Ug1T8L
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
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