En la noche de ayer (13), una decisión de la 5ª comisión del Tribunal Regional Federal (TRF) de la 1º Región renovó las fuerzas de los pueblos del Xingú para continuar la lucha contra la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte (Pará, Brasil). Por unanimidad, la 5ª comisión decidió la paralización de las obras del complejo. Si el consorcio constructor no cumple la determinación, la multa será de R$ 500 mil reales por día.
Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, dijo que los pueblos del Xingú están muy satisfechos con la decisión del magistrado.
"Ésta fue una decisión histórica para el país y para los pueblos del Xingú. Fue una gran victoria que muestra que Belo Monte no es un hecho consumado. Estamos muy felices y satisfechos con la decisión del TRF y estamos felices en especial por los pueblos indígenas que tanto fueron humillados y diezmados por este proyecto. Es una victoria de todos, pero sobre todo es una victoria de los pueblos indígenas”, resalta.
Norte Energía, empresa responsable de la construcción y operación de la hidroeléctrica, informó a la Agencia Brasil que sólo va a manifestarse en los autos sobre la decisión. La ley brasilera permite que la empresa recurra. Para Antônia, a pesar de que esta posibilidad está dada por la legislación, ahora será más difícil para la empresa pasar por encima de las determinaciones del TRF, de la OIT y de la propia Constitución Nacional.
"El Gobierno y las empresas pueden hasta recurrir, pues la ley permite, pero ahora ellos van a tener que luchar con una instancia superior. Estaban ganando todas con la antigua comisión del TRF formada por personas que cometieron muchas injusticias y permitieron que sucedieran delitos sociales, ambientales, económicos y de todo tipo. La 5ª comisión está actuando de manera diferente”, celebra.
Después de esta victoria, los movimientos y organizaciones que luchan contra la construcción de Belo Monte lograron un nuevo aliento. Antônia señala que hoy y mañana estas entidades van a reunirse para definir nuevas acciones. Ella llama a la población a unirse a este movimiento y a "actuar cada cual a su modo” por el mantenimiento de la decisión.
"Que todos los pueblos se manifiesten, y que todos, inclusive el gobierno brasilero, respeten las leyes, cumplan la Constitución y que la justicia sea para todos”, pide.
La decisión
Los integrantes del TRF de la 1ª Región identificaron ilegalidades en dos etapas del proceso de autorización de la obra: una en el Supremo Tribunal Federal (STF) y otra en el Congreso Nacional. La decisión fue tomada en base al artículo 1º, ítem 2, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige una consulta previa a los pueblos damnificados por la obras –en este caso, los pueblos indígenas que viven en las proximidades.
La consulta, que debe ser realizada obligatoriamente por el Congreso Nacional brasilero, no se realizó. De la misma manera, varias otras condiciones no fueron cumplidas, circunstancia que prohíbe la continuidad de las obras de la hidroeléctrica.
El magistrado Souza Prudente explicó a Correio Braziliense que el Congreso Nacional editó el decreto legislativo 788 de 2005 sin oír a los pueblos indígenas, lo que es una exigencia de la OIT y también de la Constitución brasilera (párrafo 3). Y autorizó el comienzo de las obras y la realización de un estudio a posteriori, cuando en realidad el estudio debería ser previo, hecho que invalida la licencia dada por el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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