Las muertes en Espinar (Cusco, Perú) son consecuencia de la continuidad del neoliberalismo extractivista.
Cuatro muertos en Espinar, Cusco, donde una huelga cumple nueve días, y el inicio de un paro el 31 de mayo en Cajamarca, la declaración del estado de emergencia y la represión como única respuesta a la tenaz defensa de los derechos a la vida, al agua, al territorio por parte de las comunidades indígenas afectadas por los impactos de la minería. Ese es el panorama de hoy en el Perú al que le ofrecieron una gran transformación y no recibe más que la continuidad del neoliberalismo extractivista.
Espinar es una provincia que convive con la minería desde hace más de treinta años y no ha logrado resolver sus problemas sociales y económicos. Por el contrario, los niveles de despojo territorial de las comunidades Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Alto Huarcca, Huanu Huanu, entre otras, se han agravado y la contaminación de tierras y aguas es mayor. Producto de ello hay una población empobrecida
Además, producto del Convenio Marco y los acuerdos del diálogo, a través de la Fundación Tintaya se manipula a los alcaldes, dirigentes y hasta a las organizaciones con ofertas de empleo, donaciones y obras, manteniendo una dependencia frustrante para quienes no son parte del círculo de amistades de la empresa Xstrata. La Fundación Tintaya se ha constituido en un poder en la provincia, porque no consulta ni a las autoridades municipales ni a las comunidades para decidir sus pequeños proyectos sociales.
Los resultados del diálogo del 2006 con la empresa minera no se han cumplido y sin llegar a nuevos acuerdos Xstrata pretende implementar un nuevo proyecto minero en territorios comunales. Hay un embalse de mentiras y agresiones en los pueblos indígenas y no es gobernando con balas como van a detenerlo.
No es un fenómeno aislado: en toda la Región Andina la minería continúa expandiéndose sin ningún ordenamiento económico ni ambiental, sin cumplir el requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, vulnerando derechos, y causando la criminalización de los líderes, dirigentes y autoridades indígenas, demostrando una vez más que no importa cuál sea el discurso de los gobiernos porque el modelo económico se mantiene intacto.
En nombre de un desarrollo sustentado en la extracción de los recursos naturales que condena a nuestros países a un una economía primario-exportadora, en nombre de un crecimiento económico que profundiza las brechas de la pobreza, se vulneran los derechos y se reprime a los pueblos indígenas y sus organizaciones. Los Estados brindan seguridad a los proyectos mineros, militarizando territorios, en lugar de garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Las muertes en Espinar son, pues, producto de la continuidad de ese modelo depredador y represivo, de la sumisión de los Estados a las corporaciones multinacionales.
Es momento de levantar nuestras voces, de unir nuestras manos, de demandar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, de decir basta de persecución, estigmatización, represión y muerte. Los pueblos indígenas de la Región Andina, del continente y del mundo debemos pronunciarnos. Convocamos al conjunto de movimientos sociales a acompañarnos en esta tarea. Exigimos a los organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que cumplan una efectiva labor de vigilancia del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados. Expresamos nuestra firme solidaridad con todos los pueblos indígenas y sus organizaciones que defienden sus derechos y los Derechos de la Madre Tierra, que defienden el agua y la vida.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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