Por: Jaime Arocha
El 17 de enero de 2012 el presidente Juan Manuel Santos recibió dos cartas pidiéndole su intervención para que la consulta previa que el Ministerio del Interior debe adelantar entre los pueblos afrodescendientes sobre la Ley de Desarrollo Rural sea de verdad informada, libre, de buena fe y apele a procedimientos adecuados para la debida concertación.
Una de las comunicaciones es de 156 consejos comunitarios y de sus organizaciones de apoyo. La otra, de reconocidos profesores universitarios de este y otros países, incluyendo los del Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico. No se trata de entorpecer el trámite que deberá surtirse para que el proyecto llegue al Congreso de la República, sino de que el Poder Ejecutivo cumpla los requisitos que especifican la Ley 21 de 1991, varias sentencias de la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la valoración que deben hacer los pueblos diferenciados en lo étnico, como es el caso de los afrocolombianos, raizales y palenqueros, con respecto a propuestas de transformaciones legales, tecnológicas, económicas, sociales o políticas que puedan comprometer su identidad y su porvenir.
En otras palabras, solicitan que el Ministerio del Interior desarrolle la pedagogía compleja pero necesaria que él mismo simplificó para las consultas previas sobre el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos y la Ley de Víctimas, luego de haberse asesorado tan sólo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, no obstante que, en palabras de Alfredo Molano, “el Consejo de Estado, por sentencia 530 de [agosto de] 2010, declaró nula la representación de las comunidades negras ante [esa Comisión]”, a cuya legitimidad, además, la siguen objetando los obispos del Pacífico, los consejos comunitarios de todo el país y diversas organizaciones sociales.
Por si fuera poco, es posible que, mediante un malabar clientelista, el Ministerio del Interior prorrogue por un año el período de esa Consultiva, debido a un apremio que va en contravía de la necesidad de traducir el mar de tecnicismos y precisiones jurídicas propios de esos proyectos legislativos a lenguajes accesibles para gente de comunidades rurales, no toda con altos niveles de educación formal, pero sí sabia en las formas propias de botánica, zoología, diagnóstico y curación de enfermedades, arquitectura, adoración de sus deidades, ejercicio del poder y del dominio territorial.
Revisando las leyes y sentencias objeto de esta columna, he pensado que, dada su densidad conceptual, todos los ciudadanos deberíamos ser objeto de esas ayudas de interpretación lingüística. De esa manera seríamos más conscientes de contradicciones incómodas para la dirigencia nacional, como la de los nexos históricos entre la modernización agrícola y minera que contempla el Plan Nacional de Desarrollo y la desposesión territorial violenta que el propio Estado ahora aspira a reparar mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Hay un juego perverso de acciones y reacciones que multiplica la burocracia humanitaria estatal, pero deja intacto el origen de despojos territoriales como los que aún aquejan a las comunidades negras.
En otras palabras, solicitan que el Ministerio del Interior desarrolle la pedagogía compleja pero necesaria que él mismo simplificó para las consultas previas sobre el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos y la Ley de Víctimas, luego de haberse asesorado tan sólo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, no obstante que, en palabras de Alfredo Molano, “el Consejo de Estado, por sentencia 530 de [agosto de] 2010, declaró nula la representación de las comunidades negras ante [esa Comisión]”, a cuya legitimidad, además, la siguen objetando los obispos del Pacífico, los consejos comunitarios de todo el país y diversas organizaciones sociales.
Por si fuera poco, es posible que, mediante un malabar clientelista, el Ministerio del Interior prorrogue por un año el período de esa Consultiva, debido a un apremio que va en contravía de la necesidad de traducir el mar de tecnicismos y precisiones jurídicas propios de esos proyectos legislativos a lenguajes accesibles para gente de comunidades rurales, no toda con altos niveles de educación formal, pero sí sabia en las formas propias de botánica, zoología, diagnóstico y curación de enfermedades, arquitectura, adoración de sus deidades, ejercicio del poder y del dominio territorial.
Revisando las leyes y sentencias objeto de esta columna, he pensado que, dada su densidad conceptual, todos los ciudadanos deberíamos ser objeto de esas ayudas de interpretación lingüística. De esa manera seríamos más conscientes de contradicciones incómodas para la dirigencia nacional, como la de los nexos históricos entre la modernización agrícola y minera que contempla el Plan Nacional de Desarrollo y la desposesión territorial violenta que el propio Estado ahora aspira a reparar mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Hay un juego perverso de acciones y reacciones que multiplica la burocracia humanitaria estatal, pero deja intacto el origen de despojos territoriales como los que aún aquejan a las comunidades negras.
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