NUEVA YORK (Reuters). Una década marcada por altos precios internacionales de las materias primas, por una explosiva alza de la demanda en su vecino Brasil y por un elevado gasto público han ayudado a Argentina, el tercer exportador mundial de soja, a convertirse en una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento.
La presidenta argentina Cristina Kirchner, junto a Amado Boudou, su ministro de Economía y vicepresidente electo, partidarios de un mayor control financiero. (AFP)Sin embargo, parte del estímulo fiscal del Gobierno se apoya en polémicos impuestos a las exportaciones agrícolas, lo que hace al país vulnerable a una caída en los precios de las materias primas.
A esto se suma que no parece haber un Plan B, según coinciden distintos economistas.
“Argentina sigue dependiendo casi completamente del estado de la economía mundial. Los altos precios de las materias primas siguen siendo el ancla de la estabilidad en este país”, dijo Alberto Bernal, director de investigación en la consultora BullTick Capital Markets, con sede en Miami.
Los problemas de Argentina no son nuevos, pero se han vuelto más preocupantes conforme la presidenta Cristina Fernández, reelegida hace solo 10 días con el 54 por ciento de los votos, corre los límites del modelo económico.
La inflación es uno de los principales dolores de cabeza.
Según cifras oficiales ronda el 9 por ciento anual, pero los datos privados hablan de una escalada en torno al 20 por ciento.
Esto quita competitividad a la moneda local e inquieta a los inversores.
Estos inversores, tanto locales como extranjeros que aún no olvidan la histórica cesación de pagos que declaró el país en el 2002, ven con recelo los intentos de Fernández por culpar a los “especuladores” por la presión sobre el peso.
En el encuentro del G-20 de esta semana, la mandataria denunció un “tipo de anarco-capitalismo en el cual nadie controla nada” y llamó a los líderes mundiales a endurecer la regulación sobre los mercados financieros.
Los economistas argentinos estiman que los inversores han retirado unos 10.000 millones de dólares del país en los últimos tres meses.
El Gobierno dispuso que todas las personas y empresas que quieran comprar dólares presenten una autorización de las autoridades impositivas.
La medida fue considerada por los analistas como un arreglo cortoplacista a la crónica fuga de capitales que ha estado golpeando a la moneda argentina.
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