Quito, 18 nov (EFE).- Representantes del Gobierno ecuatoriano, liderados por su presidente, Rafael Correa, y de la mayor asociación indígena del país, la Conaie, se enfrentaron hoy en una audiencia sobre una demanda por injurias que pide tres años de cárcel contra una exjefa de comunicación presidencial y multa de 250.000 dólares.
La querella es contra Mónica Chuji, quien fue secretaria de Comunicación de Correa cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el presidente eran aliados políticos, al principio de su mandato.
Fue interpuesta por el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, después de que Chuji dijera en una entrevista en el periódico ecuatoriano "El Comercio" que él es "uno de los nuevos ricos del Gobierno".
"Responderemos con la ley en la mano, uno para todos y todos para uno, basta de tantas mentiras y calumnias", dijo Correa al llegar al juzgado de Quito para acompañar a Alvarado, según recoge el diario oficial "El Ciudadano".
También acudieron la ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, el Secretario de Comunicación y hermano del demandante, Fernando Alvarado, el secretario del oficialista Movimiento Alianza País, Galo Mora, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Mientras, Chuji fue respaldada por el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, y Lourdes Tibán, asambleísta del partido indígena Pachakutik.
La defensa de Chuji argumentó en la audiencia que decir nuevo rico a una persona no era un delito ni una injuria, según explicó Tibán a Efe. Además, la acusada ha indicado que la demanda es parte de una campaña del gobierno para amedrentar al movimiento indígena.
En declaraciones a la prensa, Chuji defendió "el derecho de la opinión pública, el derecho a la libertad de expresión y que como funcionarios públicos tienen que estar expuestos al escrutinio nacional".
Por su parte Correa, manifestó que "ya no se dice no he mentido, he injuriado, sino tengo derecho hacerlo porque usted es funcionario público".
Tibán criticó que Alvarado llegara a la audiencia arropado por figuras claves del Gobierno de Ecuador. "El dijo que iba como persona, pero una persona no acude con seguridad, Soliz y el presidente", señaló.
Según Tibán, el juez tiene tres días para emitir sentencia.
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