Las noticias económicas recientes no son favorables. Tampoco los análisis formulados por los Gobiernos y principales instituciones internacionales. Todos confirman que la economía mundial se ha deteriorado y los riesgos apuntan hacia una mayor ralentización o, quizás, una nueva recesión, si no se adoptan medidas urgentes. Y aunque se adoptaran a tiempo –agregamos nosotros– el panorama de crecimiento de la producción y generación de empleo tampoco sería muy favorable en los próximos años.
Desafortunadamente, estamos ante una nueva realidad, más adversa. El Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos señaló sin ambages en su informe de la semana pasada que los riesgos de una recaída de la economía norteamericana son muy serios. Las bolsas de valores se estremecieron. Algo similar ocurrió en Europa ante los análisis difundido por la Organización para la Cooperación Económica Internacional y el denominado Grupo de los 20. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su más reciente informe sobre la economía mundial (World Economic Outlook) donde reduce las perspectivas de crecimiento global de 4,3% a 4% en el 2011 y de 4,5% a 4% en el 2012. Lo mismo hizo el FMI, individualmente, para casi todos los países del mundo, incluyendo los asiáticos que soportaron muy bien la gran recesión del 2008. También redujo levemente las perspectivas de crecimiento del PIB en Costa Rica, para ubicarlas en un 4% real.
El análisis del FMI sobre las causas y soluciones en esta nueva etapa crítica de la economía mundial es particularmente revelador. Según Christine Lagarde, directora-gerente de la entidad, la producción mundial se ha debilitado, la confianza de los consumidores e inversionistas ha caído, hay mayores riesgos de entrar en una nueva recesión con consecuencias desfavorables para todos, por lo que se requiere implementar una serie de medidas fiscales en el plano nacional, y financieras en el internacional. El momento de actuar es ahora. Sin embargo, la realidad política, a nuestro modo de ver, resulta mucho más compleja ante las divergencias ideológicas de quienes dirigen los países, y no hay ninguna seguridad de que puedan adoptarse con celeridad. Eso, a su vez, genera nueva incertidumbre que afecta las decisiones de consumo e inversión en una especie de círculo vicioso.
En los EE.UU. la situación se ha complicado. El ingreso de las familias, que constituye el 70% del PIB, se ha estancado, el endeudamiento causado por el desplome del mercado de bienes raíces ha provocado un incremento del ahorro (menor gasto), el desempleo se mantiene en niveles demasiado elevados (9,1% de la fuerza laboral), la situación fiscal se ha deteriorado visiblemente y ha provocado un abultado déficit en el Gobierno Federal y un incremento concomitante de la duda pública, que podría alcanzar el 100% del PIB, con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo político entre las principales fracciones para reducirla.
La Reserva Federal ya utilizó prácticamente todo su arsenal de estímulos para el crédito y para incrementar la demanda privada. Las tasas de interés de corto plazo son prácticamente negativas (entre 0 y 0,25%) y el último esfuerzo por reactivar las bolsas de valores, denominado Operación Twist, apenas logró una ligera reducción de las tasas de interés de largo plazo para que los inversionistas abandonen los títulos del Tesoro y vuelvan su mirada hacia el mercado accionario, pero los analistas estiman que la medida no influirá significativamente en la reducción de las tasas hipotecarias, que ya se encuentran en niveles muy bajos. El problema no parece ser la falta de liquidez, sino la incertidumbre en cuanto a la situación fiscal y la falta de seguridad en las inversiones de largo plazo. En ese campo no hay, hasta ahora, un acuerdo entre demócratas y republicanos.
En Europa los problemas son similares, aunque difieren en magnitud. La destrucción de empleos no se ha manifestado tan profundamente ni la confianza de los consumidores ha caído tanto, pero los problemas fiscales y de competitividad son mayores, sobre todo en los países de la periferia, encabezados por Grecia. En ellos la situación fiscal es más que deficiente y la estructura productiva está anquilosada por problemas de proteccionismo laboral y productivo, sobre todo en el sector público. Sus deudas públicas resultan financieramente inviables (técnicamente están quebrados pues son incapaces de pagar sus obligaciones sin el apoyo masivo de terceros), y la oposición política y de la misma población es demasiado férrea como para augurar el éxito del plan de salvamento.
En otros países, incluyendo España e Italia, los problemas fiscales y de desempleo también son de gruesa magnitud, acrecentados por la vulnerabilidad de los bancos comerciales que adquirieron títulos de deuda de Grecia y otras naciones con problemas. Esos bancos tendrán que ser recapitalizados, sin excluir fondos públicos. Y el problema, entonces, se torna fiscal. Aunque esos gobiernos no parecieran estar en quiebra, tienen una necesidad urgente de recursos masivos para evitar la paralización del sistema financiero. Algunos recomiendan financiar las deudas públicas por la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea, por ser los problemas de liquidez y no de insolvencia (The Economist), y reestructurar las de los que están técnicamente quebrados, como Grecia. La situación de todos, sin embargo, se complica por mantener una moneda común que deben defender, y eso imposibilita devaluar para hacer los ajustes de carácter “macro”. También los obliga a hacer el esfuerzo estabilizador en la parte fiscal y real de la economía, con un gran costo social y político.
Japón ha tenido que hacer frente a catástrofes naturales con un gran costo fiscal. A pesar de la reactivación del año pasado (4% real), su deuda pública es demasiado elevada, y las perspectivas de crecimiento este año, que incide en la recaudación fiscal, serán nuevamente de recesión (-0,5%), aunque con un repunte favorable para el año entrante (2,5%).
En Latinoamérica las cosas no pintan tan mal desde el punto de vista productivo, pero se están deteriorando. El PIB de la región pasará de 6,1% en 2010 a solo 4% en 2012, según el informe del FMI. Hay problemas con las economías que se están recalentando por sus políticas fiscales expansivas y podrían generar mayor inflación. Han sufrido, además, los embates de influjos de capital que sobrevaluaron sus monedas y afectan la competitividad de sus exportaciones. El informe del FMI, sin embargo, previene una disminución de las entradas de capital en esta nueva etapa de la economía mundial, lo que podría ser un alivio a la apreciación monetaria o, quizás, poner presión en los tipos de cambio. Algo así podría suceder en Costa Rica, según informó este periódico la semana pasada. Hay que ponerle mucha atención.
Quizás la conclusión más importante es que los riesgos son muchos, las posibilidades de respuestas políticas son inciertas y, como consecuencia, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial también serán menores. Eso afectará el desempeño de las demás economías, incluyendo la nuestra, y obligará a adoptar decisiones muy puntuales en los aspectos más endebles de la macroeconomía, incluyendo, entre otros, el desequilibrio de las finanzas públicas, la urgencia de atemperar el recalentamiento de las economías para controlar la inflación, y mejorar los índices de productividad del sector empresarial ante las vicisitudes del tipo de cambio. Una ardua tarea.
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