El llevar ante la justicia la protesta social e incluso tildar de sabotaje o terrorismo a actos de esta naturaleza es una peligrosa deriva. El Defensor del Pueblo y el designado Embajador ecuatoriano en Bolivia han dejado oír su voz crítica.
El Gobierno actual, de discurso progresista, será recordado por judicializar la protesta social. Más de un centenar de dirigentes indígenas tienen causas pendientes por supuestos actos de sabotaje y terrorismo durante un acto oficial en Otavalo al que asistieron los mandatarios de Bolivia y Venezuela.
Los manifestantes intentaron ingresar y las fuerzas del orden lo impidieron con una dura represión. Querían denunciar ante los mandatarios extranjeros la actitud del Gobierno ecuatoriano y su confrontación con los indígenas durante las protestas de 2009. Ricardo Ulcuango, embajador en Bolivia, dijo este lunes en Ecuadoradio: “el movimiento indígena no es terrorista ni saboteador. La Constitución permite opinar distinto”.
Dos casos relativos al 30 de septiembre se ventilan en las cortes. Se trata de casos similares con acusaciones muy distintas. Uno de los grupos intentó irrumpir por la fuerza y causó daños a la propiedad estatal en el canal público a cuya señal se habían enganchado por orden del Régimen todas las estaciones privadas y públicas del país, mientras el Presidente permanecía en el hospital policial.
En la Gobernación del Chimborazo los manifestantes causaron algún destrozo y fueron condenados. Por las protestas por la Ley de Aguas y contra la explotación minera hay juicios y sentenciados con severas condenas.
El Defensor del Pueblo cuenta 200 casos de protesta que el Gobierno llevó a la justicia. Una voz de alerta que debiera ser escuchada.
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