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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresa su preocupación por la situación en la Provincia de Islay, a más de doce días desde que se iniciaron las protestas contra el proyecto minero Tía María, con el lamentable saldo de una persona fallecida hoy 04 de abril , Andrés Taype, y al menos 8 heridos de bala.
Las organizaciones sociales movilizadas en el valle del Tambo se oponen a que éste se convierta en un lugar de desarrollo de la minería, ya que a su juicio esto les generaría un grave perjuicio. Pese a la oposición de la población, las autoridades han continuado con los procesos administrativos que tendrán como final el otorgamiento de la licencia para que el proyecto minero se desarrolle.
La CNDDHH, considera sumamente cuestionable que las autoridades insistan en llevar adelante un proyecto minero con una oposición tan grande de la población, que ha sido manifestada en varias consultas y en las últimas movilizaciones y paralizaciones. Un estado plenamente democrático debe respetar decisiones como la expresada por la población del Tambo, conforme a la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1), la cual establece el derecho a participar en las decisiones relacionadas con el medio ambiente (principio 10).
Por otra parte, la paralización viene perjudicando a los pobladores- y en especial a las personas afectadas en su integridad física por la acción de las fuerzas del orden- y también a los policías que están trabajando en condiciones indignas de alimentación y alojamiento. Además, causa preocupación la promulgación de la RS 113-2011-DE que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la policía, y la aplicación del DL 1095, que determina el procesamiento en el fuero militar de los excesos que pudieran cometer las fuerzas del orden.
Ante todo ello, invocamos a los pobladores de Islay y a las autoridades nacionales a insistir en el diálogo para resolver esta situación lo más pronto posible. Asimismo, exigimos a las autoridades atender de inmediato a los heridos, sancionar a los responsables y no continuar haciendo uso excesivo de la fuerza.
Lima, 4 de abril del 2011
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