Los recientes sucesos en Islay, en Arequipa, donde se desatara las violentas protestas contra el proyecto minero Tía María, que dejó como saldo tres muertos y decenas de heridos. No es más que la torpeza del Gobierno, donde la población organizada que defiende sus recursos naturales, le demostró tener la razón frente a una imposición autoritaria.
Han sido 17 días de violentas protestas sociales, periodo en que el Gobierno actuó de espaldas frente a los pedidos de los agricultores del Valle del Tambo, que a gritos pidieron la cancelación del proyecto Tía María, que en el futuro traería problemas ambientales y el conflicto sobre uso del recurso hídrico.
La situación tuvo que llegar al extremo de pérdidas humanas, materiales y el desabastecimiento de los combustibles en Arequipa, para que finalmente el Gobierno cancelara definitivamente el proyecto minero en cuestión, al declarar inadmisible el estudio de impacto ambiental, realizado por la empresa Southern Perú Corporatión.
El anuncio fue hecho el viernes por el ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, conjuntamente con el ministro del Interior Miguel Hidalgo, luego de una reunión con el presidente regional y dirigentes de la sociedad civil del Valle de Tambo.
Sánchez señaló que la empresa no podrá ejecutar cualquier actividad minera planteada en la mina Tía María, y deberá retirar sus maquinarias del lugar. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de Islay, Pepe Julio Gutiérrez se mostró de acuerdo con la cancelación del proyecto minero.
Una vez más hubo derramamiento de sangre, decenas de heridos de bala, establecimientos públicos saqueados, y buses siniestrados. Eso fue el costo social de las protestas contra el proyecto Tía María, frente a todo ello la impunidad marca su predominio.
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