El próximo 10 de diciembre Cristina Fernández y el Frente para la Victoria que dirige su marido, Néstor Kirchner, perderán la mayoría absoluta en el Parlamento argentino y comenzará una complicada etapa de cohabitación que ya ha desatado grandes tensiones.
El sistema parlamentario ha hecho que, entre las elecciones del 28 de junio, que Kirchner perdió, y la formación del nuevo Parlamento hayan transcurrido cinco meses en los que la oposición, dividida, ha parecido no saber bien qué hacer, mientras que los Kirchner se lanzaban a una intensa actividad.
En este tiempo, los Kirchner han puesto en marcha dos planes sociales y han logrado la aprobación de la polémica Ley Audiovisual. Intentan, además, que antes de que llegue el día 10, el Congreso dé luz verde a la Ley de Reforma Política, que también provoca división entre la oposición. Las nuevas normas obligarían, entre otras cosas, a que todos los partidos celebraran elecciones primarias, simultáneas y abiertas, e impedirían la publicidad política pagada privadamente. Entre sus aspectos más polémicos está que no regula la publicidad estatal en periodos electorales, con lo que el Gobierno queda en una posición de absoluta ventaja.
"No es que Kirchner haya aprovechado estos meses para resucitar, mientras que la oposición no era capaz de hacer valer su voto. La realidad es que mientras que no se forme el nuevo Congreso, no es posible desarrollar políticas concretas ni plasmar acuerdos", asegura Eduardo Amadeo, peronista disidente. Según Amadeo, el primer acuerdo de la oposición se dará a conocer este martes, con la exigencia de que los presidentes de comisiones parlamentarias pasen a reflejar la nueva situación. No está claro, sin embargo, que Elisa Carrió dé su voto para desplazar al actual presidente de la Cámara, el kirchnerista Eduardo Fellner, pese a que ése sería un auténtico aldabonazo ante la opinión pública.
En cualquier caso, el nuevo Congreso le quitará una importante fuente de poder a la presidenta, a la que le quedan todavía dos años de mandato. Aunque la oposición funciona como una simple suma de grupos, es previsible que llegue a acuerdos para disputar al Gobierno el control de la agenda política y social y para paralizar buena parte de las iniciativas oficialistas. A la presidenta le queda la posibilidad de ejercer su derecho al veto, una prerrogativa de difícil empleo.
En los cinco meses transcurridos desde las elecciones, los Kirchner han desarrollado una intensa actividad. El ex presidente ha recuperado el control formal del Partido Justicialista (PJ), de cuya presidencia dimitió, en teoría, al día siguiente de su derrota electoral. Sin embargo, en el PJ hay cada día más voces disidentes. Entre otras, la de Eduardo Duhalde, un gran barón del peronismo, dispuesto a usar todo su poder en la sombra para destronar a los Kirchner.
El ex presidente parece buscar el apoyo en los pequeños grupos parlamentarios, acentuando su papel como eventual líder de la izquierda, pese a los continuos escándalos financieros que acompañan su gestión y su patrimonio. Kirchner cuenta con el favor de Carta Abierta, un movimiento liderado por el filósofo Juan Pablo Feinmann y el periodista Horacio Verbitsky, para quienes, por encima de todo, está la política sobre derechos humanos que ha desarrollado Kirchner y que ha permitido enjuiciar a muchos de los torturadores amnistiados en la época de Menem.
Dentro de esa estrategia, en los últimos dos meses la presidenta Cristina Fernández ha anunciado dos planes de calado social: la asignación universal de 180 pesos (32 euros) por cada hijo menor de 18 años, en familias de desocupados o de salario mínimo, y un fondo de 1.800 millones de euros para que cooperativas de parados puedan crear hasta 100.000 puestos de trabajo.
Las dos iniciativas han despertado, sin embargo, fuertes críticas. Primero, por su aroma clientelar y segundo, por sus características concretas. En el caso de los 180 pesos por hijo, la medida será financiada con fondos de la Seguridad Social, es decir, que serán los ancianos los que adelanten el dinero de sus pensiones para sufragar esas becas. Además, el anuncio coincide con la noticia de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires (con el 30% de la población del país), que dirige un fiel kirchnerista, ha dejado de pagar becas y subsidios a más de 250.000 niños de la región y busca desesperadamente fondos para hacer frente a esos retrasos.
Por su parte, la iniciativa para financiar cooperativas de desempleados ha provocado una auténtica guerra entre los posibles beneficiarios, que luchan para ver quién se queda con la mayor parte. Grupos de parados se quejan de que existe una distribución sesgada y de que los fondos sólo llegan a asociaciones fieles al Gobierno.
Las medidas sociales no han tranquilizado la calle. Bien por el contrario, las dos últimas semanas han sido escenario de una intensa actividad piquetera, con cortes de tráfico e incidentes variados. El caos se acentuó con una huelga del metro de Buenos Aires, provocada, no por reclamaciones salariales, sino por peleas entre camarillas sindicales que se detestan.
La cuestión es que, según las encuestas, el 91% de los habitantes de Buenos Aires quiere que el Gobierno haga algo para que disminuya el clima de confrontación en la calle, y ese estado de ánimo se refleja también en un importante deterioro de la figura de la presidenta, que no consigue superar el 25% de respaldo desde hace muchos meses.
Es, en este clima, en el que el nuevo Congreso va a iniciar sus trabajos, con la vista puesta en las elecciones de 2011 y en los dos principales candidatos que concurrirán. El radical está cada vez más claro: Julio Cobos, actual vicepresidente, que defiende bien su alta popularidad. La duda es quién será el candidato peronista. Hay quienes creen que Néstor Kirchner luchará por esa nominación y quienes creen que ya está amortizado y que el PJ será capaz de encontrar en estos dos años un buen tapado.
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