Jo-Marie Burt - María Rodríguez *
Se sabe que, a lo largo de los años del conflicto armado interno, la
base militar Los Cabitos —sede del Comando Político-Militar de Ayacucho—
fue utilizada como centro de detención, tortura, ejecución y
desaparición forzada.
Está el testimonio del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, publicado en el libro
Muerte en el Pentagonito
de Ricardo Uceda, en el cual da cuenta que él mismo desenterró a unos
300 cuerpos de personas que habían sido ejecutadas en Los Cabitos y los
incineró, ordenado por sus superiores para destruir las evidencias de
las prácticas siniestras de las Fuerzas del Orden.
Está el Informe de la CVR, que da cuenta de testimonios de 138 casos
de personas que fueron secuestradas, torturadas, o asesinadas por las
Fuerzas del Orden entre 1983 y 1984 en
Los Cabitos.
Están los testimonios de los
sobrevivientes
y familiares que han testificado ante la Sala Penal Nacional en el
proceso judicial de Los Cabitos 83, que comenzó en mayo de 2011. Unas
quince personas han contado con detalle cómo fueron detenidas, llevadas a
Cabitos, sometidas a varios tipos de torturas, entre ellos la violencia
sexual, para luego ser liberadas cuando sus interrogadores se dieron
cuenta de que “no tenían nada que ver” con Sendero Luminoso. También
están los
testimonios
de los familiares que relataron, también ante el juzgado, como las
Fuerzas del Orden llevaron a sus seres queridos a Los Cabitos y nunca
más los volvieron a ver con vida.
Están las exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal
(IML) en Los Cabitos, en la zona llamada La Hoyada, entre 2005 y 2009,
donde desenterraron más de 50 cuerpos enteros, y los restos parciales de
unas 50 personas más. En la mayoría de casos, los cuerpos muestran
claro signos de haber sido ejecutados a corta distancia, con balas en la
cabeza, y con las manos atadas hacia la espalda. Hallaron, además,
cuatro hornos —uno de ellos con restos humanos adentro— que habrían
servido para la incineración de cadáveres de personas ejecutadas
extrajudicialmente, así como los tubos que alimentaban los hornos de
energía. Según las
proyecciones del IML, podrían superar un millar las víctimas enterradas en Los Cabitos.
Ahora tenemos un nuevo elemento para afirmar que Los Cabitos fue un
centro de detención, tortura y ejecución: luego de un largo proceso de
exhumación y análisis, se ha podido identificar a tres de las personas
cuyos restos fueron encontrados en La Hoyada. La noticia fue revelada el
miércoles durante el juicio Los Cabitos 83, en el contexto de una
audiencia sobre los hallazgos de las exhumaciones realizadas en la base
militar.
El tribunal leyó un informe presentado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (
EPAF) dando cuenta de la identificación. Según la doctora Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de
Aprodeh
que representa a la parte civil en el juicio, dos de las personas
identificadas fueron desaparecidas el año 1984, mientras que la otra, en
1985. Se revelaron los nombres de las tres personas que no reproducimos
aquí por respeto a la privacidad de los familiares mientras procesan la
información sobre el destino de sus seres queridos.
El juicio oral
en proceso
sólo comprende casos de 1983, por tanto las víctimas cuyas identidades
han sido recuperadas no están dentro del proceso actual. El Ministerio
Público solicitó al juzgado que remita el informe al fiscal
supraprovincial de Ayacucho que tiene a su cargo la investigación de
Cabitos 1984-85.
Sin embargo, la identificación de tres personas desaparecidas en Los
Cabitos —las primeras identificaciones de los más de cien cuerpos
exhumados del cuartel militar— tiene una relevancia para el caso actual,
pues aporta nuevas evidencias materiales de la práctica sistemática de
la desaparición por parte de las Fuerzas del Orden, práctica que comenzó
en 1983 y se continuó utilizando a lo largo de la década de los 80.
Confirma además de que sí es posible identificar a los desaparecidos, a
pesar de que ha trascurrido más de dos décadas desde su desaparición.
Eso, sin duda, va a generar una expectativa enorme entre los familiares
de los más de 15,000 desaparecidos en el Perú.
Exhumaciones en Los Cabitos
Las identificaciones de las tres personas reveladas por el informe
de EPAF se realizaron por medio del contraste de las muestras de ADN que
fueron recolectando de los familiares de los desaparecidos con los
restos óseos exhumados en La Hoyada. El proceso ha sido largo. El IML
comenzó las exhumaciones en el 2005, y se tuvo que suspender el trabajo
por un tiempo por falta de recursos. De nuevo entre 2007 y 2009 se
continuó con el trabajo, con el resultado mencionado arriba: se
encontraron los restos completos de más de 50 personas, y restos
parciales de otros 50. En total, se habrían encontrado los restos de 109
personas.
En la audiencia del día miércoles, el arqueólogo forense del Equipo
Forense del IML Luis Alberto Rueda dio cuenta de estos resultados.
Presentó fotografías que ilustraban el trabajo de excavación y fosas
halladas en el cuartel Los Cabitos, así como impactantes imágenes de los
cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y hasta fetos, arrojados
en los hoyos o fosas. Casi todos tenía muestras de que habían sido
ejecutados extrajudicialmente: orificios de balas en las cabezas, las
manos atadas detrás de la espalda. En todas las fosas se hallaron balas o
casquillos de balas dentro de los cuerpos o a su alrededor. Según el
experto, los restos encontrados pertenecían a los años de 1980 a 1986,
pues los objetos asociados que encontraron —monedas de 100 soles de oro—
existieron sólo hasta 1986.
En otro sector se hallaron las fosas de los cuerpos incompletos,
partes de manos y piernas mezcladas con piedras y cal. Estas eran fosas
alteradas por el factor humano, pues en las paredes del entierro
figuraban las improntas de instrumentos de labranza, utilizados para
remover la tierra.
También se mostró pequeños hoyos de restos óseos expuestos al fuego.
El arqueólogo manifestó que estos restos carbonizados estaban mezclados
con otros objetos asociados como prótesis, fragmentos de una correa de
reloj o el plástico derretido de zapatillas. En total, se registró 30
kilogramos de este material. Estos restos también se hallaron en el
barranco ubicado al lado izquierdo de la trocha carrozable del penal
Yanamilla, que une el cuartel Los Cabitos.
Rueda destacó el hallazgo de una fosa donde el cuerpo de la víctima
yacía entre dos camas de leña, y encima una estructura de cemento. Los
restos tenían evidencia de haber sido carbonizados, pero no se había
logrado incinerar en su totalidad. Para el arqueólogo, fue un intento de
incinerar al individuo dentro de la fosa, sin éxito. Probablemente, fue
uno de los primeros intentos en la búsqueda del mejor método de
desaparición de restos humanos en el cuartel.
Otra fotografía registró las cuatro estructuras de ladrillos —los
hornos utilizados para incinerar los cadáveres— con ductos de tuberías
de metal y un sistema eléctrico. Uno de los hornos mostró gran cantidad
de cenizas y se hallaron restos humanos en estado de calcinación, aunque
fue imposible determinar el número. Según Rueda, hubo evidencias del
colapso intencional del horno, porque en la quebrada hallaron el arrojo
de desmonte y ladrillos asociados, y en la trocha, un proceso de
arrastre que los llevó a concluir que objetivo fue destruir el horno.
La urgencia de mayor investigación
Lo que hace evidente el trabajo de exhumación realizada por el IML y
las identificaciones realizadas por EPAF es que se requiere mayor
investigación para poder identificar a las 15,000 personas que fueron
desaparecidas durante el conflicto armado interno. A vísperas de los
diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, según EPAF, se ha podido identificar menos del 1% de los
desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo cual demuestra lo
poco que se ha avanzado en esta tarea.
Falta exhumar en otras bases militares que formaron parte del
circuito de represión, como los cuarteles de Totos, Churcapampa, Pampa
Cangallo, entre otros. Las autoridades deberían declarar a todas las
bases militares como zonas intangibles para prevenir la destrucción de
evidencias, como ya ocurrió con La Casa Rosada, que fue el sede de
Inteligencia Militar y el cuartel Los Cabitos, centro de reclusión,
tortura y ejecución, que fue demolido y ahora hay una nueva construcción
en su lugar. También se ha denunciado anteriormente que elementos
desconocidos estaban promoviendo la invasión de la zona llamada La
Hoyada para la construcción de viviendas. Por ello, y en vías de crear
un espacio de conmemoración para las víctimas de Los Cabitos, la
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y
Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y el movimiento de derechos humanos han
solicitado que La Hoyada sea declarada un santuario de memoria. También
se requiere ampliar el trabajo de recolección y análisis de ADN de los
familiares para tener un punto de contraste con los restos óseos
encontrados.
La deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos
El Estado peruano tiene una deuda con los 15,000 desaparecidos que
no termina de saldar. La CVR recomendó que el Estado diseñe e implemente
un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. No ha ocurrido. Las
identificaciones reveladas en estos días de tres víctimas de la
desaparición forzada en el cuartel militar Los Cabitos resalta la
urgencia de que el Estado tome acción de manera urgente para resarcir el
daño causado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer
la verdad y enterrar a sus seres queridos, y la sociedad tiene derecho a
saber plenamente qué pasó durante los años oscuros del conflicto.
Para más información sobre el juicio por el caso Los Cabitos 1983, vea los siguientes reportajes:
Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?
JUICIO POR EL CASO CABITOS: CRÓNICAS DE LAS AUDIENCIAS EN AYACUCHO (Parte I)
Caso Los Cabitos: "Ya te fregaste, estás en el cuartel."
* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de
George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro "Violencia y
autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de
Fujimori" (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011).
* María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de un proyecto de investigación
sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú,
están monitoreando varios juicios, entre ellos Los Cabitos 1983. Se
puede acceder a información sobre el proyecto en la página web,
Peru Human Rights Trials Project.
La alianza rebelde Seleka es constituida por una endeble unión de tres grupos armados,
que a fines del año pasado inició una imparable ofensiva hasta que
acordó detener sus tropas a 75 kilómetros de Bangui para iniciar una negociación con el Gobierno.
