La
nebulosa informativa que generan ciertos operadores políticos y
ejecutivos de empresas de la madera en el marco de descontrolados
incendios forestales en el centro sur de Chile, se lleva a cabo sin
asco ni remordimiento, con cortinas de humo que desvían la atención
sobre problemas y responsabilidades de fondo.
Por Alfredo Seguel
En
recientes intervenciones, el senador Alberto Espina (RN) nuevamente
sacó a la palestra la palabra “mapuche”, en el marco de una reunión
con el Subsecretario del Interior a mediados de enero de este 2015,
indicando a medios que detrás de los “ataques incendiarios” se
encuentran delincuentes que se esconden tras la causa Mapuche. A esto
se agregan las declaraciones del presidente de Corma (Corporación de la
madera), Patricio Santibáñez, quien el pasado 19 de enero y sin ningún
escrúpulo, dijo en entrevista al Diario Austral de Temuco que el 70 %
de los incendios que afectan a sus socios son intencionales, y que el
incendio de Casa Piedra en el que siete brigadistas de la empresa
forestal Mininco perdieron la vida en 2012, fue intencional y
organizado. Agregó: “En las últimas semanas hemos visto un
crecimiento sostenido en la intencionalidad”, y aprovecha el escenario
para argumentar que se debe dotar de mayor contingente policial con
controles de camino.
Po
su parte, informes preliminares que Carabineros entregó a La Moneda,
dan cuenta que de 160 incendios registrados en los últimos seis meses
en La Araucanía, solo 15 tienen alguna relación con el conflicto
mapuche, es decir, menos del 10 por ciento, según información publicada
en Radio Cooperativa el 14 de enero de 2015. Este informe agrega: “La
cifra de incendios en la última evaluación es menor a los 360 del
periodo anterior y las hectáreas quemadas también bajaron, de 10.986 a
896”.
Incendios, montajes y responsabilidades criminales
Es
inconcebible cómo campañas informativas de ciertos agentes públicos y
privados buscan desviar la atención sobre los problemas de fondo,
eludiendo responsabilidades civiles y penales que tienen las propias
empresas. Estas propician la situación de siniestros incendiarios para
aprovechar de demonizar toda causa Mapuche sobre procesos de
recuperación de tierras ancestrales en manos de forestales, impulsar una
mayor criminalización y militarización de territorios para contener
movilizaciones y protestas, instalar en el universo cognitivo de la
opinión pública montajes y quedar en la impunidad frente al cobro de
seguros por incendios e imputabilidades judiciales, con imagen de
“víctimas” en el marco de sus relaciones comerciales y perfil público.
El
presidente de Corma aseveró que el fatal incendio en Carahue, Casa
Piedra, que costó la vida de siete brigadistas de la empresa forestal
Mininco, provenientes de esforzadas familias, eran parte del 70 % de
los atentados “organizados – planificados” de que son “víctimas”. Si
bien, no hizo alusión directa al término “Mapuche”, viene sosteniendo la
existencia de grupos terroristas.
Santibañez
olvidó señalar que el incendio de enero del 2012 fue parte de una
cadena de siniestros que afectó a más de 50 mil hectáreas de
plantaciones, mayoritariamente de pinos y concentrados en Bio Bio y la
Araucanía. También, de que la mayoría de estos incendios fueron
coincidentes con el avance de la plaga de la avispa taladradora que mata
el árbol y que no han sido capaces de controlar, donde servicios
públicos subsidian a las forestales enormes montos fiscales para su
intento de erradicación y que las empresas aseguradoras no cubren este
tipo de afectaciones que son pérdidas totales, sí los incendios.
Cabe
consignar que el incendio Casa Piedra, donde murieron los jóvenes
brigadistas: Marcelo de la Vega, Cristián Freire, Diego Mella, Ítalo
Vidal, Carlos Pinto, Juan Carlos Cordero y Rodrigo Cifuentes Llanquileo,
por responsabilidad directa de la empresa, fue utilizado por
operadores políticos como el senador Espina y el diputado Edwards,
refiriéndose a causas de grupos “violentistas” Mapuche, acto
simultáneo con el ex Ministro del interior Hinzpeter y el ex intendente
Andrés Molina, quienes acusaron directamente a organizaciones Mapuche
como la Coordinadora Arauco Malleco, hecho desmentido por la misma.
Consecutivamente,
el ex gobierno de Sebastián Piñera aplicó la Ley antiterrorista que
tenía como único propósito generar un mayor clima de hostigamiento y
criminalización de Mapuches, sin embargo, la evidente responsabilidad
empresarial y las constantes denuncias, obligaron al ministerio público y
fiscal a cargo Luis Torres, incorporar la tesis de “autoatentado” y
contextualizarlo en la ola de incendios que azotó el centro sur de
Chile en temporada estival a fines de diciembre del 2011 e inicios del
2012. Hasta el momento, continúa en el vacío y el gobierno actual de
Bachelet retiró durante el 2013 la aplicación por “terrorismo”.
A
la fecha, trabajos de investigación académica y científicos
independientes se han realizado sobre las responsabilidades
empresariales en estos siniestros y con respecto a los siete brigadistas
fallecidos, el actual alcalde de Tirúa, integrante de la organización
identidad territorial Lafkenche, quien además fue involucrado
indirectamente por Forestal Mininco en el origen de los incendios, acusó
a la misma empresa el 12 de enero del 2012 por su responsabilidad en
las muertes, señalando a los medios de prensa: “Yo acuso directamente
como responsable de la muerte de los trabajadores a forestal Mininco,
con nombre y apellido, no tengo ninguna duda”, dijo el dirigente y
actual edil comunal.
Por
su parte, el 6 de enero del 2012, la Confederación Nacional de
Trabajadores Forestales de Chile afirmó a través de una declaración
pública que "este accidente es responsabilidad de Forestal Mininco y
exigimos todo el peso de la ley para los encargados de prevención y los
jefes del área respectiva".
Composiciones inflamables: Los peligrosos impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus
Más
allá de la relación de plagas sobre pinos y los incendios
forestales, que incluye las acusaciones por autoatentados, hay un hecho
incuestionable que ningún sector político de poder ni empresarial
quiere asumir, por el contrario, se omite con el propósito de no
alterar las proyecciones sobre negocios y gananciales de las forestales y
la fase expansiva que se pretende sobre suelos de comunidades Mapuche y
sectores campesinos, como verdaderos botines. Se trata de las
peligrosas composiciones inflamables e impactos de las plantaciones de
pino y eucaliptus, que se vuelven constantes focos de incendios y que ya
han arrojado numerosas víctimas.
El
mismo año 2012 en temporada estival, además de los siete brigadistas
muertos, fueron 250 casas devastadas por incendios forestales y un
hombre muerto por negarse a la evacuación. Año tras año los focos
incendiarios continúan con graves consecuencias para miles de familias
rurales.
La
masiva introducción de especies exóticas como el pino y los eucaliptos,
que se aproximan a las tres millones de hectáreas en el centro sur, han
secado las tierras ya que succionan las napas subterráneas y generan
verdaderos desiertos donde, sumado a las temperaturas y la resequedad de
sus estructuras, se vuelven un peligro constante.
Los
focos de sequía además en el centro sur de Chile, son coincidentes con
los lugares de mayor concentración de monocultivos forestales que
intensifican la escasez hídrica. Año tras año son miles las familias que
no tienen agua en zonas rurales durante la temporada estival en
regiones como el Maule, Bio Bio, Araucanía y varios sectores de la
décima región.
Mary
T. Kalin Arroyo, premio nacional de Ciencias 2010 y directora del
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de la Universidad de Chile,
publicó en abril del 2014 en el diario La Tercera una nota de opinión
con respecto al incendio que afectó a los cerros de Valparaíso y la
relación con las plantaciones forestales, señalando: “Un aspecto poco
mencionado (con respecto al incendio en el puerto) es la composición de
la vegetación natural de las colinas de Valparaíso, que es el típico
matorral chileno, si bien inflamable, no tanto como especies exóticas
(eucaliptos, pino y acacia) que han sido sembradas en la zona. El
Eucalyptus globulus es considerado una de las plantas más pirofíticas
del mundo. Las hojas contienen compuestos volátiles que localmente
producen incendios explosivos. Una vez encendida, la corteza se
desprende, produciendo focos adicionales. Los pinos tienen un alto
contenido de resina en las hojas. La Acacia delata, que es común en
Chile central, está incluida en la lista de plantas más inflamables de
Tasmania, de donde es nativa”.
La
académica Kalin Arroyo sostiene además que “similares tragedias se han
vivido en California (Estados Unidos), donde también se encuentra mucho
eucalipto, pino y acacia. Por ejemplo, un incendio en la vecindad de
Oakland en 1991 destruyó más de 3 mil casas, con 25 vidas perdidas. Hoy
está en marcha un programa para remover eucaliptos, pinos y acacias de
mil hectáreas, con la idea de reemplazar dichas especies por especies
nativas. El costo del programa es de 5.6 millones de dólares, monto que
evidentemente es mínimo comparado con los 1.5 billones de dólares (1.5
mil millones) del daño físico causado por el incendio, sin hablar del
incalculable impacto emocional…Hay que sacar lecciones”.
Como
han señalado diversas fuentes de análisis científicos e investigativo
periodístico, no es casualidad que una gran cantidad de los siniestros
surjan en medio de plantaciones forestales de pinos y eucaliptus.
Monocultivos de una misma especie, plantados a una razón de mil 600
árboles aproximados por hectárea, extraen enormes cantidades de agua, y
secan y erosionan el suelo como consecuencia de la destrucción y
desplazamiento total o parcial del bioma original de pradera, bosques
y/o montes destinados a la extracción forestal. Esto a la larga se
traduce en la disminución de las napas freáticas –producto de las
diferencias en la masa de follaje sobre la tierra, el sistema radicular,
la tasa de crecimiento, el consumo de nutrientes, las relaciones e
intercambios con la atmósfera y la alteración de los ciclos de
nutrientes, de energía, de carbono y de agua–, y deja a su paso un
rastro de problemas sociales, como el deterioro de suelos agrícolas
contiguos, la emigración rural, conflictos por tierras, empleos de mala
calidad y cuestiones ambientales, como la erosión y contaminación de
suelos, pérdida de biodiversidad y bosque nativo, fragmentación de
ecosistemas y deterioro del paisaje, entre otros.
Los
lugares de mayor concentración forestal, coinciden ampliamente, con
zonas de mayor nivel de empobrecimiento, emigración, desempleo y crisis
hídrica, verificables en los mismos instrumentos públicos de tipo
censal, social y de emergencia, sin embargo, sólo por una cuestión de
lucro para ciertos grupos de poder económico que no tienen otra visión
para hacer negocios sustentables, se persiste en la mantención y
expansión de este inviable modelo para la vida de los territorios, bajo
el proteccionismo y fomento de una red de poder político descaradamente
intervenida, a quien no le interesa el bienestar social y ambiental y
que incluye a la Alianza y a sectores del oficialismo.
