miércoles, 31 de octubre de 2012

Brasil [Elecciones Municipales] Quien de hecho tiene dominio, en la democracia, es el pueblo

Breno Altman
Periodista y director editorial del Sitio Web Opera Mundi
Adital

Los resultados de las elecciones municipales, terminado el segundo turno, evidencian un sólido avance del Partido de los Trabajadores (PT). Ello a pesar de algunos resultados no favorables localizados (como en Salvador, Recife y Fortaleza), la organización política alcanzó varios objetivos estratégicos.

El PT se consagró como el grupo más votado de la primera ronda, con 17,3 millones de votos y un aumento de 4% en relación a las municipales de 2008. Aumentó en 15% el número de alcaldías que va gobernar (634 contra 550). Saltó de 16% al 20% en el conjunto del electorado bajo su gestión. Destacando, por el peso político y simbólico, el haber reconquistado el Gobierno de la ciudad de São Paulo (la más importante del país).

A pesar de la aparente dispersión de la hegemonía sobre el poder local, con la aparición del PSD y PSB Kassab y la expansión de PSB de Eduardo Campos, la piedra de toque de las elecciones efectuadas el domingo 28 octubre, fue el fortalecimiento del mayor partido de izquierda, en contraposición a la disminución de su principal antagonista de la derecha, el PSDB (partido conocido como Tucanos).

Los tucanos han perdido una masa de votos (correspondiente al 5.02%, de su caudal político cayendo de 14.5 a 13,8 millones), así también redujeron su número de alcaldes (de 787 a 704) y de concejales (de 5.900 a 5.200).Fueron apaleados en el sur y sureste del país, que consideraban su fortaleza. Y fueron duramente golpeó en su ciudadela principal: Además de perder la capital del Estado, están rodeados de cinturón rojo (color del PT) que se consolidó en el área metropolitana de São Paulo.

Muchos analistas de los medios de la prensa tradicional están desconcertados. Tratan atropelladamente de evadir las obvias conclusiones del proceso electoral. A veces dan énfasis a una supuesta fragmentación del voto, en otros casos fijan la mirada en una eventual tercera vía en la polarización nacional, con el auge del PSB. Estas posiciones no son más que maniobras diversionistas. La apuesta que hicieron fue derrotar al PT y disminuir seriamente su peso político. Perdieron y perdieron claramente.

La estrategia anti-petista se basaba en el juicio del llamado "mensalão”*. [Pagos ilegales a diputados para favorecer la aprobación de una ley]. Se realizó un acoso mediático jamás visto sobre la Corte Suprema, a buscar corta la cabeza de líderes históricos del partido gobernante, fueron presentados ante la opinión público, continuamente, como bandidos con sentencia firme dictada por los más impolutos hombres y mujeres de la nación.

El espectáculo de excepción fue más allá de su espacio procesual. Los votos de varios ministros [magistrados del Supremo Tribunal Federal], al vivo y en colores, fueron presentados como declaraciones moralmente condenatorias contra el PT y el gobierno Lula.

La oposición derechista y los grandes medios de comunicación, se sumaron, en el escenario de las denuncias contra dirigentes del PT, a la mayoría del Supremo Tribunal Federal. El centro de la controversia política, con el juicio, se trasladó al tribunal judicial, con la expectativa de establecer institucionalmente la existencia de un dispositivo de compra de apoyo parlamentario [por dirigentes del PT], entre 2003 y 2005. Desde la víspera del golpe militar no se veía tamaña operación de desgaste contra un partido político.

El bloque derechista esperaba, cuando la resolución de los magistrados llegase a la calles, era el derretimiento del PT. En la peor de las hipótesis, por lo menos una contracción significativa y el fracaso en el intento de conquistar la ciudad más grande de Brasil. En el auge de la ofensiva, no faltaron voces que vaticinaban el ocaso del liderazgo de Lula. Pero las fuerzas de derecha vieron caer sus sueños y recibieron una tunda histórica.

Los áulicos del reaccionarismo todavía no entienden lo que pasó. ¿Por qué no las grandes mayorías no dieron importancia al juicio del tribunal al momento de votar? Los medios corporativos se ven obligado a tragar, por tercera vez, la hiel de su progresiva insignificancia en la formación de mentes y almas. No consiguen aceptar que los pobres de la ciudad y del campo, secularmente condenado por la oligarquía a la ignorancia, la desesperación y la exclusión cultural, sean capaces de forjar su propia conciencia de clase.

Los diez años de Gobierno del PT, con sus altibajos, cambiaron las vidas de millones. De decenas de millones. Por primera vez la multitud que vivía en la miseria, vio su vida mejorar, de manera estable y duradera. Aumentaron los ingresos, la oferta de empleo, acceso a la educación y la vivienda, el sentimiento de autoestima. Los vínculos de identidad con el partido responsable de estos cambios y especialmente con su más grade líder, se fueron consolidando.

Los desposeídos, que antes eran en su mayoría reserva de mercado para diferentes proyectos políticos de las elites, van pasando a tener lado, a tener opción, por su propio lado. Logran identificar a amigos y enemigos, lógicas en conflicto, la verdad de los hechos. Este proceso doloroso, pero arraigado, fabrica un escudo contra la manipulación de los medios de comunicación. Y sirvió como una vacuna contra el juicio de "mensalão".

Enormes masas de votantes, aunque expuestos a masacre contra los dirigentes del PT en Corte Suprema, no compraron gato por liebre. No aceptaron la agenda que la derecha les trató imponer. Aún sensibilizados por el discurso contra la corrupción, intuyen su falsedad en este episodio, su utilización como un instrumento político-electoral.

De múltiples formas, comprendieron que sería contrario a sus intereses, algo que podría amenazar al partido y el Gobierno que abrió la puerta para la emergencia de los pobres como protagonistas de desarrollo.

Los conservadores son sorprendidos e inconformes con la indiferencia de la multitud ante el show en el que empeñaron todas sus energías. De alguna manera, al menos simbólicamente, fue el juicio de la sentencia. Como dijo un votante esta madrugada, en la red social: quién tiene el dominio de hecho, en la democracia es el pueblo.

[Traducción: Ricardo Zúniga].


Brasil: El triunfo del PT y de Lula

Ariel Goldstein
Sociólogo (UBA). Becario Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc)
Adital

El triunfo de Fernando Haddad en la elección por la alcaldía de São Paulo resulta un importante avance político para el Partido de los Trabajadores (PT). La capital paulista había resultado –a pesar de las experiencias de gobierno petistas de Luiza Erundina (1989-1993) y de Marta Suplicy (2001–2005)– un distrito donde se concentraban rechazos al oficialismo y un bastión electoral del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). En esta última elección, el candidato del PSDB, el ex alcalde de San Pablo José Serra no pudo evitar quedar –según ciertas encuestas– restringido a franjas de mayor edad, renta y más conservadoras de San Pablo. De este modo, una parte importante del voto entusiasmado con una innovación que en primera vuelta se había volcado por Celso Russomanno –el candidato evangelista-televisivo que tuvo un estelar ascenso en el primer tramo de la campaña y se desinfló en las últimas semanas a partir de los ataques de los candidatos del PT y PSDB– se volcó en el ballottage hacia Haddad.

Este triunfo alimenta el capital político de Lula, quien apostó personalmente por este candidato, participando activamente en la campaña electoral. Una muestra más de la aguda percepción de este último para elegir candidatos viables para su partido, que ya había demostrado en ocasión de pronunciarse por la actual presidenta Rousseff para su sucesión. La importancia de este nuevo triunfo para Lula no es menor, puesto que el ex mandatario fue duramente criticado en los últimos meses por los medios de comunicación durante el juzgamiento del escándalo del "mensalao”, a partir del cual se condenó a funcionarios clave de su gobierno –incluyendo a los históricos dirigentes partidarios José Dirceu y José Genoíno– bajo la acusación de haber comandado pagos a parlamentarios de la base aliada a cambio de votos en el Congreso. Finalmente, el impacto en el electorado de este juzgamiento, anunciado como el "juicio del siglo” por la gran prensa paulista, fue menor del esperado por estos vehículos de comunicación.

Entre las múltiples consecuencias que se pueden interpretar a partir de estos resultados, se afirma la posibilidad de concebir al PSDB como un "partido en crisis”. A pesar de conservar importantes alcaldías y gobiernos estaduales, y representar dentro del sistema político brasileño el partido más competitivo de oposición al PT, el PSDB atraviesa actualmente una crisis política e ideológica que permite una ampliación de perspectivas para pequeños partidos (el PSB y el PSD, entre otros).

La crisis ideológica de los tucanos del PSDB remite a su incapacidad para defender su ideología pro-mercado frente a una ciudadanía que mayoritariamente valora los resultados de una sostenida intervención del Estado en la economía de los gobiernos petistas (que incluye el exitoso plan Bolsa Familia, el cual ha contribuido para el ascenso de una franja popular hacia lo que se ha denominado como una "nueva clase media”). En reemplazo de sus carencias ideológicas, el PSDB ha intentado de forma infructuosa centrar su estrategia en las denuncias por ineficiencia y corrupción hacia el PT (quienes busquen un ejemplo, vean la actuación de Serra en estas últimas elecciones paulistas).

Por otra parte, aunque directamente relacionada, se encuentra su crisis política. En este partido débilmente articulado a nivel de su densidad militante, la crisis resulta claramente identificable en la ausencia de liderazgos competitivos del partido a nivel nacional, capaces de proyectarse frente a los líderes del PT (las últimas encuestas ubican tanto a Lula como a Dilma por encima del 60 por ciento del apoyo de los brasileños para las elecciones de 2014). En este sentido, sus tres figuras más importantes y que se encuentran activas políticamente han perdido competitividad para una disputa electoral a nivel presidencial. Comenzando por José Serra, que a su última derrota en San Pablo suma las de 2002 frente a Lula y las de 2010 frente a Dilma; le siguen el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, quien perdió en 2006 frente a Lula; así como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien se mantiene como la conciencia simbólica del partido a sus más de 80 años.

Frente a este escenario, la única figura con posibilidades de disputar la presidencia resulta quien seguramente enfrentará al candidato del PT en 2014: Aécio Neves. Político moderado de Minas Gerais, nieto del fallecido Tancredo Neves y ajeno al núcleo fundador paulista al que pertenecen los anteriores mencionados, tiene muchos desafíos por delante. El primero, demostrar qué trae de nuevo a la escena política que le permita competir con los exitosos gobiernos del PT a nivel nacional.

[Fuente: Página/12].

Brasil Después de presión nacional y resistencia indígena, gobierno decide respetar y cumplir derechos de los Guaraní-Kaiowá

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
 
En la tarde de ayer (30), la medida cautelar que determinaba la salida de los indios Guaraní-Kaiowá de sus tierras tradicionales, en el municipio de Iguatemí, en Mato Grosso do Sul (centro oeste brasilero), fue suspendida por el Gobierno Federal. La noticia fue dada de primera mano por la ministra de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, María do Rosario, mediante su cuenta en la red social Twitter.

La ministra complementó la información. "De acuerdo con esta decisión, ¡los indígenas se quedan donde están! Ahora lucharemos para agilizar el proceso de estudios sobre la demarcación de ese territorio”, celebró María do Rosario, que en el ejercicio de su función de presidente del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) recibió en Brasilia, el lunes, a representantes de la comunidad indígena.

En septiembre, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3) decidió que los 170 Guaraní-Kaiowá debían abandonar sus tierras tradicionales, que son codiciadas por hacendados del Estado. A pesar de esto, los indígenas no cumplieron la orden y decidieron permanecer en el lugar, asegurando que no saldrían de una tierra que les pertenecía y decidieron pasar a la acción.

La decisión logró repercusión internacional y se hizo pública mediante una carta divulgada por los Guaraní-Kaiowá, donde aseguraban que lucharían hasta el final por las tierras que fueron de sus antepasados. En el documento también se hablaba de muerte colectiva, lo que generó interpretaciones sobre suicidio colectivo, pero fue negado enseguida por los indígenas y por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

La determinación de luchar para permanecer en la tierra recibió apoyo nacional, inclusive en las redes sociales, donde los/las internautas agregaron a sus nombres el nombre de la etnia como forma de dar visibilidad a la causa. 

De acuerdo con información de Egon Heck, coordinador del Cimi, las campañas están intensificándose y cobrando visibilidad no sólo en las redes sociales, sino también en las calles con las propuestas de adhesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Comisión de la Amazonia, entre otros. Además, se está organizando una marcha que se realizará en Brasilia, capital federal, en la Explanada de los Ministerios.

Además, se están planeando otras varias manifestaciones fuera de Brasil. Egon señala que las acciones se realizarán, fundamentalmente, en las capitales. Los indígenas también están empeñados y en los próximos días líderes Guaraní-Kaiowá van a participar de ruedas de prensa, manifestaciones públicas y en un evento en la Cámara de Diputados.

"Todos somos y seremos un poco más Guaraní-Kaiowá, ciudadanos brasileros y ciudadanos del planeta tierra, en la medida en que nuestra conmoción indignada frente a la violencia institucionalizada y muertes anunciadas se transforme en acciones que exijan respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Qué bueno sería si de esta campaña emergiera un país un poco más justo, con el reconocimiento y demarcación de las tierras de los Kaiowá Guaraní y de todos los pueblos indígenas del país”, deseó el indigenista Egon Heck.

De acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), los Guaraní-Kaiowá suman 43 mi personas, siendo la segunda mayor etnia del país. A pesar de ello, en los últimos diez años este pueblo ocupó sólo dos mil hectáreas de tierras, período en el cual sólo tres territorios fueron homologados.
Audiencia Pública

La situación de los 170 Guaraní-Kaiowá de Iguatemí, que todavía no está resuelta, se debatirá mañana (1º) en una audiencia pública en el Senado Federal promovida por la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH) y aprobada al comienzo de esta semana. En la oportunidad, la CDH también aprobó la realización de audiencias relacionadas con los derechos de los trabajadores, el papel de las TVs comunitarias, la protección de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT, sigla en portugués) y la situación del Fondo de Previsión Social de los Portuarios (Portus).

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

México Chiapas: Esclavos de los cafetales

Jornaleros viven "esclavitud" en Chiapas; ni el gobernador ni la CNDH hacen nada, denuncia la UNORCA

Ciudad de México, 29 de oct (sinembargo.mx)

Cientos de indígenas chiapanecos e inmigrantes centroamericanos viven en una situación de esclavitud en las fincas cafetaleras propiedad de alemanes, "solapada y hasta fomentada" por el gobernador Juan Sabines Guerrero, denunció Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), quien además ha iniciado una campaña para informar ante organizaciones defensoras de derechos humanos en el país sobre las condiciones, prácticamente "feudales", con que son tratados los trabajadores cafetaleros.

Desde la segunda semana de octubre, Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), ha venido denunciando en diversos medios de comunicación, así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en las fincas cafetaleras de Chiapas hay irregularidades en el trato que reciben los indígenas e inmigrantes guatemaltecos que laboran en ellas, llegando a calificarlas como de "esclavitud".

El dirigente urge ahora a la Secretaría de Gobernación que intervenga para dar solución a este maltrato por parte de dueños extranjeros de esos ranchos cafetaleros, pues el gobernador, Juan Sabines Guerrero, no los ha querido frenar.

Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas, narra también una crónica publicada por El Universal y firmada por Carolina Rocha.


Foto: Cuartoscuro

La periodista registró que el maltrato no sólo se da en los cafetales, sino también en las fincas de plátano, azúcar, caña y cacao. "Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya", dice Rocha.

"Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma" suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.

De acuerdo con medios locales y diversas fuentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los pagos van de 50 a 100 pesos por jornada. Pero, también se denuncia que la CNDH no ha llegado al fondo de esto, porque hay lugares a los cuales no han tenido acceso ya que no hay vías de comunicación efectivas y se requiere de varios días de caminata para llegar hasta ellos.

Se especula, que es ahí donde la situación de maltrato laboral existe con mayor presencia, pues es donde más se refugian inmigrantes centroamericanos e, incluso, familias enteras.
La frontera sur del país tiene una extensión de 1,140 kilómetros . Cuatro estados de México colindan con la región centroamericana: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Existen diversos cruces por donde indocumentados centroamericanos ingresan a México para poder llegar a los Estados Unidos. Según datos del Instituto Mexicano de Migración la frontera con Guatemala -que está en Chiapas- es la más concurrida para cruzar (de 40 mil a 80 mil personas cada año), pero también es de las más peligrosas.

Según casas de asistencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe un número indeterminado de casos de vejaciones, asaltos, tortura, explotación sexual, secuestro y asesinatos en esta zona. Se sabe que quienes están detrás de estos delitos son miembros del crimen organizado. Pero ahora, también se suman los empresarios que quieren sacar provecho de la situación de pobreza y hambre que viven los indocumentados.

Olegario Carrillo, un jornalero entrevistado por El Universal, asegura que los trabajadores carecen de herramienta o de equipo que los mantenga a salvo de algún animal o de los químicos que se rocían en los cafetales. Además que para los trabajadores no es fácil regresar a sus comunidades, pues la travesía y los caminos son riesgosos. Esto también impide que se cuente con servicios de salud dignos.

En el caso de los centroamericanos, según testimonios entrevistados por fuentes periodísticas, aceptan de inmediato cualquier paga bajo cualquier condición, pues "están desprotegidos en un país como México".

En ocasiones, autoridades mexicanas los contactan con los patrones de las fincas; y son estos mismo los que retienen sus papeles hasta que hayan cumplido su último día de trabajo. 

Dentro de las fincas a los trabajadores se les mantiene siempre con hambre, así lo relata la crónica publicada por El Universal. Sin embargo, existen tiendas para que los jornaleros puedan satisfacer esa necesidad básica, pero eso cuesta dinero, que será descontado de su sueldo. Hay niños, pero no hay escuelas. Ellos también deben trabajar, aunque a un ritmo más lento. Hay dormitorios, se les llama "galleras", y son unas literas de madera sin colchón, así es como describe ese mundo la periodista Carolina Rocha.

El líder nacional de la UNORCA aseguró que a la explotación de indígenas y campesinos en Chiapas se suma la persecución judicial que ha emprendido el mandatario estatal chiapaneco, Juan Sabines, en contra de militantes y dirigentes de esa organización por exigir la restitución de 271 hectáreas de las que fueron despojados cientos de familias.

"Probablemente hasta niños estén trabajando", dice una fuente de la CNDH al sitio web Periodistas en Línea. Carrillo Meza dijo que ya solicitó la intervención directa del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para que el mandatario estatal deje en libertad a Juan Diego Gálvez Gómez, Jerónimo Díaz López e Ignacio Díaz López, detenidos "injustamente" por haber emprendido acciones para la recuperación de sus tierras en el predio Santa Elena, municipio de Tapachula, que fue reclamado por Everardo Bensftorff, hijo de alemanes, pero que hoy vive en Estados Unidos.

http://www.sinembargo.mx/29-10-2012/412809
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Familias guatemaltecas laboran casi todo el día en fincas de Chiapas para recibir una paga mínima y un trato "inhumano", asegura la CNDH
Esclavos de los cafetales

19 de febrero de 2008
El Universal


CAROLINA ROCHA / PERSPECTIVA 13

TAPACHULA, Chis.- Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas.
A unos cuantos kilómetros de Tapachula, en las grandes explotaciones cafetaleras, es posible atestiguar una especie de esclavitud moderna que se alimenta del sudor, pobreza y necesidad de los trabajadores agrícolas guatemaltecos.

Así ha sido durante décadas, pero el abuso en contra de estos trabajadores es poco denunciado.

De tan común y cotidiano, pocos en Chiapas se atreverían a calificar como ilegales las condiciones en las que se subsiste en las fincas, no sólo de café, sino de plátano, cacao y caña de azúcar.

Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya.

"Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma" suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.

La peregrinación

Día a día, sobretodo en los últimos y primeros meses del año, es posible observar la peregrinación de cientos de familias guatemaltecas hacia las grandes explotaciones agrícolas del sur de México.

"Se trasladan a Chiapas siempre con sus familiares, con sus esposas e hijos", explica una funcionaria del ministerio del Trabajo de Guatemala, ubicado a unos pasos del cruce fronterizo.

Los jornaleros visten con pantalones viejos, sucios y rasgados. Algunos llevan tenis desgastados o guaraches empolvados. Cargan mochilas o hasta maletas con ruedas para arrastrar. En la ropa, aseguran, se distingue a quienes buscan migrar a Estados Unidos.

Llegan a esperar, para ser enganchados o para que se tramite su permiso, de dos a tres días.

No requieren de herramienta para el corte de café porque esa la facilita el patrón, pero "no nos dan los trastes donde comer" por eso cargan con toppers, dice un joven de no más de 20 años, pero ya acostumbrado al trabajo de la finca.

Tan sólo en enero pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) documentó a 3 mil 900 trabajadores agrícolas guatemaltecos para el trabajo en alguna de las 520 fincas registradas en Casa Roja.

Los contratos duran entre cuatro y seis semanas y la paga va de 50 a 100 pesos por caja de café: "si están un poco chuecos los cafetales pagan 100 para que la gente aguante", explica Emilio Aguilar, un contratista.

Pero aun ganando poco, la paga del lado mexicano es mayor a lo que se ofrece en Guatemala.
Por eso los jornaleros se venden por casi nada: "los mexicanos tienen el derecho de apoyar que les paguen otro precio, pero nosotros, como guatemaltecos, el precio que nos dicen, ese es" señala Demesio Velázquez, quien esperaba partir hacia Huixtla con su familia.

Antes de cruzar a México escucharon la perorata que siempre precede su salida a las puertas del ministerio del trabajo: "¿Saben que van a la pizca de café en la Finca el Portillo? ¿Que el precio es de 52 por caja? ¿Que el contrato incluye dos tiempos de comida?... como derecho tienen las habitaciones, la asistencia médica, que no los tengan a la intemperie, que tengan techo".

Rutina

La jornada laboral inicia a eso de las seis de la mañana. Antes de coger rumbo al monte por caminos accidentados y pendientes acentuadas, hombres y mujeres, "patojas y patojos" y, en ocasiones, recién nacidos envueltos sobre el torax de su madre, se sientan apretados en las largas bancas de los comedores comunales.

Ahí desayunan lo de todos los días, y lo que comerán al final del corte: arroz, frijoles y tortillas.

Y si el finquero es generoso, en la noche tendrán derecho a una colación de pan duro y té. No hay más.

Para la leche, atún, galletas o para cualquier alimento adicional "la finca tiene tiendas y nos van descontando después", explica uno de los trabajadores del cafetal San Antonio, en la zona más alta de Tapachula.
Y
 dice sin ironías, "si uno se pone a comprar se regresa con nada".

Así, con poco en el estómago empieza la rutina.

Trepar, alcanzar, acarrear a lomo, caminar, escoger y luego, 24 horas después, volver a empezar. Lo hacen los hombres, las mujeres y los niños.

Cerca de la una de la tarde comienza el regreso hacia los galerones donde se separa el café. Pueden ser recorridos de más de una hora con costales repletos de cereza que duplican el peso de quien los lleva a cuestas.

Y ahí también se observa a niños y niñas, encorvados, que descienden con más agilidad que los mayores. Ya sentados en el suelo, mientras separan de manera automática el grano rojo del verde, emergen las historias de vida:

"Tiene siete años que me dejó mi esposo y desde esa fecha estoy trabajando aquí", relata una mujer menudita con el cabello pegado al rostro empapado en sudor.

Delante de ella, y sin levantar la mirada, está su niña de seis años, a "la que no le gustó la escuela" por lo que un año pizca y otro no, como hace un gran número de familias que educan de manera itinerante a sus hijos con la esperanza de que por lo menos lean y escriban.

"¿No está muy chiquita para decidir?", la respuesta es tan fría y cruda como el galerón de la finca donde todo es trabajo y no hay jugueteo a pesar de que hay un gran número de niños. 

"Esa es su profesión", dice sin dejar de separar los granos.

A escasos metros de ellas, también sentados en el suelo, están Giovanni y su hermano Israel, de 10 y 7 años, respectivamente. Acaban de depositar la carga que como burros acarrearon de la parte más alejada de la finca.

"Esto lo recogimos entre todos y lo echamos aquí", indica Giovanni, quien, dice, "ya tiene tiempo" dedicado a la pizca, al menos desde que los dejó su papá.

-¿A qué hora les toca la comida?
-A las dos de la tarde.
-Estás a punto de perdértela.
-Ya pues.
-¿Si no has acabado comes o sigues trabajando?
-Sigo trabajando.
Ayudan a su madre y resulta lógico. En las fincas, no hay escuelas, y sí muchos incentivos para que ellos laboren. Se paga por caja y por ende: más manos, más paga.

"El domingo no es obligado pero nosotros por unos centavitos, sí vamos a cortar", indica Norma.

Autoridades en complicidad

El trabajo es voluntario, pero a decir del Quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, se estaría tipificando "la trata de personas".

Agrega que hay complicidad de "las autoridades locales, del estado y federales" porque conocen las condiciones en las que se encuentran los jornaleros, saben "que permanecen en la finca, que no pueden salir, que se les cobra el alimento y que son obligados a trabajos en condiciones inhumanas y degradantes".

Las galleras pueden ser pequeños cuartos con colchones o un establo con costales. "Si tenemos dónde dormir, bien, si no, qué le vamos a hacer", dice Obdulia.

En la Finca San Antonio se cuenta con una serie de cuartitos separados para las familia -que se acomodan como pueden-, y una especie de nave industrial de lámina y sin ventanas para los hombres solteros, quienes duermen en literas metálicas de tres niveles y sin colchón, pero cubiertas con plástico "para que no se cuele el frío".

Pocos denuncian ante migración sus condiciones laborales, sólo cuando les reducen su pago final. "Encontramos a empleadores explotadores que quieren abusar de ellos y finalmente este círculo vicioso termina por completarse con una autoridad omisa tanto en la regulación, como en la aplicación de la ley" expone Farah.

Otra de las prácticas comunes contra los jornaleros es la retención de sus documentos.
Las autoridades migratorias impiden la salida a los jornaleros hasta que llega el transporte de los finqueros que los lleva a la explotación.

"Los documentos se los dan al patrón y al término del trabajo nos los entregan", indica Walter.

"Lo que pasa es que hay personas que llegan un día y se retiran, entonces el finquero ya invirtió" intenta explicar la agente de migración, Iris Marbella Mejía, y que a la pregunta expresa sobre la legalidad de retener documentos responde "no, no sé". Y luego justifica: "muchas veces el trabajador confía en el patrón".

Pero Mauricio Farah aclara que "es ilegal y penoso que el personal del INM no conozca la ley, porque eso implica permitir que el empleador pueda mantener al trabajador en condiciones de esclavitud". Tampoco la Secretaría del Trabajo verifica las fincas.

[Enviado por Cencoalt - Centro de Comunicación Alternativa - cencoalt@yahoo.de - http://cencoalt.blogspot.com/]

Chile: Violencia y represión contra el pueblo Mapuche

Noticias Aliadas
Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas
Adital
Por Rocío Alorda, desde Santiago



La machi Millaray Huichalaf defiende derecho a la tierra que pueblo
mapuche considera como "una madre”. (Foto: Rocío Alorda)


Complejo panorama es el que vive actualmente el movimiento mapuche al sur de Chile. Con nueve comuneros presos que estuvieron en huelga de hambre —cuatro mantuvieron la huelga por más de 60 días—, junto a violentos enfrentamientos entre comunidades mapuche y fuerzas policiales en el sur del país, el gobierno de Sebastián Piñera firmó el 8 de octubre un decreto supremo que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) en la comuna de Ercilla, decreto que fue aceptado por 37 de las 42 comunidades de la zona.

Las ADI fueron establecidas por la Ley Indígena de 1993, y son definidas como "espacios territoriales en los que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”. De acuerdo con lo señalado por el gobierno, las ADI contemplan programas de adquisición de tierras, asesorías para plantaciones agrícolas, apoyo para el desarrollo de emprendimientos, recursos para mejorar la infraestructura vial y de salud.
Piñera señaló a la prensa que con el ADI se cumple la promesa de generar caminos de diálogo como única vía para solucionar el conflicto mapuche.
"Este es el camino que nos va a dar frutos, el camino del diálogo, el camino de la acción, no el de la violencia ni el de los atentados”, dijo Piñera. "Por eso, con la misma fuerza reitero mi compromiso de luchar con todas las armas del Estado de Derecho, contra los delincuentes y los violentistas que lejos de favorecer, solamente causan daño y dolor a la causa del pueblo mapuche y a la causa de nuestro país”.
Sin embargo, cinco comunidades de Ercilla, a unos 600 km al sur de Santiago, no aceptaron ser parte de la nueva institucionalidad propuesta por el gobierno, entre las cuales están la Comuna Tradicional de Temucuicui y la comunidad Wente Winkul Mapu. Es en esta última localidad de donde son originarios los comuneros presos Erick y Rodrigo Montoya, Paulino Levinao y Daniel Levipan, quienes estuvieron en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 27 de agosto hasta el 25 de octubre. Levinao y Levipan fueron condenados en agosto pasado a penas de 10 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado de Carabineros y 541 días por porte ilegal de arma de fuego en la comuna de Ercilla en noviembre de 2011, mientras que los otros dos comuneros están siendo procesados por otros delitos.
Con la huelga de hambre, los presos políticos mapuche en Angol buscaron la anulación de los juicios por parte de la Corte Suprema y demandaron además "la aplicación del Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo], la devolución total del territorio que hoy están ocupando las empresas forestales y los latifundistas, y la desmilitarización de las comunidades”, según informaron en comunicados emitidos desde la cárcel.
Después de mantener por más de dos meses esta medida de presión, la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto el juicio contra Levinao por el delito de homicidio frustrado en contra del general de Carabineros Iván Bezmalinovic y ordenó realizar un nuevo juicio oral de este proceso atendiendo la falta de fundamentación del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, manteniéndose la condena de 541 días de presidio, por porte ilegal de armas. La sentencia contra Levipán se anuló, determinando una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional de la pena y se ordenó su puesta en libertad una vez que se notifique de la sentencia al tribunal de primera instancia.
Por su parte los cinco comuneros que mantenían la huelga en el penal de Temuco bajaron su medida de presión unos días antes que los comuneros de Angol, una vez que la directora del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Friés, lograra un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para trasladar a los comuneros a la cárcel de Angol en donde se encuentra el resto de los presos políticos mapuche.
"Hay cuatro hermanos mapuche en la cárcel de Angol [a 45 kilómetros de Ercilla], en la cual dos de ellos han sido condenados injustamente por testigos pagados por el Ministerio Público, más dos que están a la espera de juicio oral, en el que con testigos protegidos, quieren condenar a nuestra gente. Al gobierno no le conviene hablar de esta situación”, denunció Jorge Huenchullán, werkén (vocero) de la comunidad de Temucuicui.
Para Huenchullán, el ADI "es parte de la estrategia del Ejecutivo para ocultar el verdadero conflicto, que se enfoca en la devolución total de los terrenos demandados por las comunidades y para ocultar una serie de atropellos de violencia y de negación de las movilizaciones que estamos llevando las comunidades mapuche aquí en Ercilla. Los mapuche no estamos luchando para que empiece una serie de asistencialismo para nuestra gente, por eso repudiamos la ADI, no tiene validez para nosotros”.
Historia del conflicto
El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche se agudizó en 1974 con la promulgación por la dictadura militar [1973-90] del decreto 711 para la promoción de la industria forestal que puso fin a la propiedad comunitaria indígena. Los sucesivos gobiernos utilizaron una ley antiterrorista de 1984 para responder a la resistencia del pueblo mapuche.
En 1997, en un momento histórico en que el pueblo mapuche se encontraba debilitado, lo cual impedía avanzar en la recuperación territorial, un grupo de comunidades y lonkos (autoridades tradicionales) dieron forma a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco, Malleco y Cautín, que posteriormente tomó el nombre de Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
"En ese sentido la CAM da un paso adelante al definir una nueva forma de hacer política que tiene que ver con el paso de una acción institucional a una acción directa de sabotaje como arma política. Se da el salto en el sentido de que no se debe esperar nada de un Estado que nos ha condenado a 100 años de ocultamiento y discriminación, avanzando hacia la creación de un proyecto político propio y autónomo”, señala el werkén de la CAM, que por seguridad mantuvo su nombre en reserva.
"El territorio y la autonomía pasan a ser los ejes fundamentales de la CAM”, agrega el werkén. "Esos dos ejes son conjugados en la práctica de ejercer el control territorial: recuperando los territorios y trabajándolos, generando en esos territorios prácticas culturales, políticas y económicas como mapuche. La autonomía es un orden y una forma de trabajar disciplinadamente. Y como proyecto político tiene que ver con cómo el pueblo mapuche se desarrolla al margen del Estado”.
En el año 2002 comenzó una etapa del movimiento mapuche que el historiador Fernando Pairican denomina entre la "presión y la sombra”, periodo en que se tomaron detenidos a comuneros mapuche.
"Hasta ese año no había presos políticos sentenciados ni se les había aplicado la ley antiterrorista. Así, empezó un momento —que no ha parado— donde por demandas políticas del movimiento mapuche [los comuneros] terminaron presos y eso generó la respuesta obvia que es la resistencia desde la cárcel como la huelga de hambre”, explica. "La frontera que históricamente separaba a Chile de las zonas mapuche al sur del río Bío-Bío tiene otros códigos y la justicia se aplica de otra forma, hay una aplicación racista de la ley en la Araucanía, donde sus habitantes no son seres humanos, son indios, es la continuidad del siglo XIX”.
En julio del 2010, el conflicto entre el gobierno de Piñera y los mapuche se agudizó a raíz de una huelga de hambre protagonizada por cuatro presos mapuche que formaban parte de la CAM, incluyendo a su líder, Héctor Llaitul, contra la aplicación de la ley antiterrorista en sus casos. Ya para la fecha existía un punto común en las demandas mapuche que tenía que ver con la necesidad de recuperar los territorios ancestrales, usurpados por el Estado y empresas transnacionales.
"Lo que hoy más atormenta al pueblo mapuche es la pérdida de los territorios sagrados; eso conlleva ríos y cementerios. Con los proyectos hidroeléctricos y mineros los territorios en más peligro están al sur de Valdivia hacia la precordillera y la costa de Osorno, que son los dos entes que dan la fuerza a las comunidades, el sentir mapuche. Esas zonas quieren ser inundadas por centrales hidroeléctricas”, denunció la joven machi Millaray Huichalaf, del sector del Roble Carimallin.
Lucha por el territorio
Las comunidades mapuche ven con desconfianza las propuestas del gobierno, porque intentan ocultar el conflicto de fondo: la lucha por el territorio.
"Claramente se continúa con las políticas de llevar el conflicto a otro ámbito y no se está viendo el trasfondo de por qué el mapuche hoy está en conflicto, que es por la tenencia de la tierra. Se quiere institucionalizar el conflicto y llevarlo a una negociación, pero la tierra no se puede negociar porque la tierra es una madre; uno no vende a la madre”, señaló Huichalaf.
A criterio de Pairican, "lo que está haciendo el gobierno es configurar una triada que implica modelo económico [liberalismo], sistema político y autonomía. Están mirando aquellos países como Canadá y EEUU donde las autonomías indígenas neoliberales han dado resultado sin afectar el capital. Son experiencias donde modelo y autonomía son compatibles, a través del multiculturalismo, algo que planteó [la ex presidenta Michelle] Bachelet [2006-2010] en su gobierno. Tengamos autonomía pero neoliberal”.
Sin embargo, este modelo de autonomía neoliberal es rechazado por dirigentes indígenas, ya que el proyecto político mapuche es incompatible con el capitalismo.
"No estamos solamente frente a una lucha política sino que también es una lucha ancestral, ya que el pueblo mapuche por esencia es anticapitalista”, afirma Huichalaf. "Por eso, cualquier otra forma de organizarse es peligroso para este sistema. Hoy nos estamos levantando con una clara convicción, con un fundamento político, social y espiritual, como un pueblo integral”.

Ecuador: Movimientos sociales apoyan reelección de Rafael Correa en Ecuador

Adital

Afroecuatorianos, comerciantes minoristas y campesinos, entre otros sectores, presentarán un mandato popular al presidente de la República en el IV Encuentro de Movimientos Sociales, previsto mañana en Guayaquil.
Ángel Rivero, presidente de la Federación de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, manifestó que las organizaciones elaborarán un documento que refleje los reclamos de los grupos que ésta representa.

Rivero manifestó al diario El Telégrafo que la nueva Constitución del país les garantiza una participación activa y hasta ahora han sido tenidos en cuenta, con la colaboración y asesoría del Ministerio Coordinador de la Política y la Secretaría de Pueblos.

Sonia España, líder de las mujeres afroecuatorianas, expuso que ese pueblo está vigilante de los procesos de inclusión que se realizan desde el Gobierno y que por ello participarán activamente para sumar al crecimiento del país.

Los Trabajadores Autónomos del Guayas, representados por Patricia Chávez, ratificaron su apoyo a la Revolución Ciudadana y manifestaron su disposición de hacer aportes de ideas para que se cumpla la Carta Magna en lo relativo a la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda.

Jorge González, de la Secretaría de Pueblos, señaló que se espera que mañana se concentre la mayor cantidad de representantes de las organizaciones sociales para que expongan sus propuestas.

Entre los grupos que respaldan la reelección presidencial de Correa están la Federación de Comerciantes Minoristas de la provincia de Guayas, que agrupa a ocho organizaciones, y el movimiento S.O.I. PAÍS, que trabaja con jóvenes, profesionales y mujeres emprendedoras.

Unos 170 alcaldes también dieron su apoyo al mandatario en una carta difundida aquí la semana pasada.
El próximo 10 de noviembre, el gubernamental Movimiento Alianza PAÍS definirá en una convención nacional quiénes serán sus representantes en los comicios del 17 de febrero del próximo año.

Los ecuatorianos están convocados en esa fecha a elegir en las urnas al presidente, al vicepresidente y a 137 integrantes de la Asamblea Nacional.

La noticia es de PL


Honduras: Organizaciones del campo promueven foro para debatir crisis agraria y alimentaria del país

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
 
La Plataforma Agraria de Honduras y sus 32 organizaciones realizan mañana (31), en la Plaza Colprosumah de Tegucigalpa, la capital del país, el Foro Crisis Agraria y Alimentaria. Con el evento, se quiere profundizar el análisis de esa problemática, en el marco del movimiento campesino y la sociedad hondureña, para entender mejor la crisis que afecta a la agricultura y alcanzar la aprobación de una política agraria con participación popular y sin criminalizar la lucha campesina.

El Foro tiene lugar en un momento delicado en relación a la producción de alimentos y disponibilidad de tierras para este fin. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en todo el mundo, más de 870 millones de hombres, mujeres y niños padecen de subnutrición crónica y el número de desnutridos y hambrientos es aún mayor.

En el campo, 8 de cada 10 familias no tiene tierra o tienen propiedades con menos de cinco hectáreas, una situación que contrasta con la del 1% de los grandes terratenientes que acumulan gran parte de las mejores tierras cultivables. La pobreza supera el 65% de los hogares rurales. Y aún así, son los/as integrantes de estas familias quienes generan 76% de la producción agrícola de Honduras.

Para transformar esta realidad y reducir el hambre, la FAO sostiene que el crecimiento económico debe ser acompañado por medidas públicas incisivas y decididas, y por programas que críen un entorno propicio al crecimiento económico a largo plazo favorable a los pobres. 

Entre los elementos importantes de este ambiente propicio, destaca la provisión de bienes y servicios públicos para el desarrollo de sectores productivos, el acceso igualitario a recursos productivos para los pobres, empoderamiento de la mujer y la creación e implementación de sistemas de protección social.

Con la realización de momentos como este foro, la Plataforma Agraria espera que la población aumente su conciencia sobre la necesidad urgente de la aplicación de un nuevo marco jurídico y de políticas públicas para la agricultura. También espera lograr la despenalización de la lucha campesina, la libertad de compañeros presos y el respeto a la vida y los derechos humanos. Además, aspiran a tener como resultado la aprobación de la Agenda Agraria para impulsar la justicia social en el campo.

Programación

El primer tema a discutir en el Foro Crisis Agraria y Alimentaria será ‘La Criminalización de la Lucha Campesina’ (9h15 às 10h) y, a continuación, ‘Elementos de una Agenda Agraria en el marco de la Crisis Agraria y Alimentaria (10h a 10h40). Seguidamente se abrirá espacio para preguntas y respuestas. Después de las conclusiones generales, la programación de la mañana concluirá con un almuerzo.
 
De 13h a 16h habrá una movilización para dar visibilidad al movimiento campesino, indígena y afrodescendientes de Honduras con el fin de incidir en una nueva ley de transformación agraria y la descriminalización de la lucha campesina por la tierra.

Traducción: ricazuga51@yahoo.com

Irlanda La revolución no será televisada

La revolución no será televisada
 
El documental "The revolution will not be televised" (La revolución no será televisada), filmado y dirigido por los irlandeses Kim Bartley y Donnacha O'Briain, presenta los acontecimientos del golpe contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, en abril de 2002, en Venezuela. Los dos cineastas estaban en Venezuela realizando, desde septiembre de 2001, un documental sobre el presidente Hugo Chávez y el gobierno bolivariano cuando, sorprendidos por los momentos de preparación y desencadenamiento del golpe, pudieron registrar, inclusive en el interior del Palacio Miraflores, sus instantes decisivos, respondido y aplastado por la espectacular reacción del pueblo.

País: Irlanda
Año: 2003
Duración: 74 min.


Resultados electorales en Chile y el silencio en Perú

Ricardo Jiménez
Sociólogo por la Universidad de Chile, consultor de redes internacionales especializadas en migraciones y de organizaciones de migrantes. Grito de los/as Excluidos/as. Minga Informativa
 
Adital

Es sepulcral el silencio que los monopolios mediáticos limeños han puesto sobre los recientes resultados electorales de las elecciones municipales en Chile. Veamos por qué.

En primer lugar, su resultado más estructural. Se trata de la primera elección desde el retorno a la democracia post dictadura militar hace más de 20 años en que el voto es voluntario, y ha quedado en evidencia el absoluto desencanto de la mayoría de ciudadanos, el 60% que se abstuvo de votar, hacia un sistema político heredado de esa dictadura y destinado a ser el autoritario resguardo del orden económico neoliberal.

Esencialmente, la mayoría de chilenos y chilenas siente que su voto no tiene importancia real porque ningún actor político electoral soluciona nunca los problemas que lo aquejan, carencias de salud, educación, empleo, seguridad. Y porque las políticas que importan, de institucionalidad económica y política, ya han sido decididas por otros y no existe la oportunidad de cambiarlas, no importa quién gane o pierda las elecciones, lo fundamental es inamovible. Chile es un país que crece y es "exitoso” económicamente, pero nunca hay recursos del estado para salud, educación, empleo, seguridad. La injusticia es sinónimo de responsabilidad en el manejo económico. Y el sistema político está hecho para rebajar la democracia a puros formalismos que no cuestionan este dogma fundamental. ¿Alguna coincidencia con Perú? Y vale recordar que el presupuesto público de Chile es el doble que el de Perú aunque tiene sólo la mitad de población.

El reciente resultado deja objetivamente a la legitimidad de la Constitución (heredada de la dictadura de Pinochet), de las organizaciones políticas, de sus prácticas y discursos, en grave entredicho y apenas con un endeble mínimo de legitimidad. Su permanencia depende más de que este desencanto ciudadano no logre transformarse en propuesta activa capaz de imponer un proceso de refundación constituyente, de manera que se sostenga por inercia e indiferencia, que de cualquier fuerza propia del propio gastado sistema.

En segundo lugar, su resultado más inmediato. En buenas cuentas, el gobierno de la derecha neo-pinochetista, representado por el Presidente Piñera, queda literalmente como un cadáver insepulto, derrotado en toda la línea, y casi sin posibilidades de re elección de ese sector en las próximas presidenciales, a menos que ocurra un milagro. El movimiento estudiantil, motor de un amplio movimiento de descontentos ciudadanos, ya sabemos ahora de manera medible con el frío acero de las cifras, le propinó un golpe de muerte.

Aquí también la continuidad neoliberal depende más de la incapacidad de otros que de cualquier maniobra posible de los sectores que la propugnan. Es decir, de que los sectores de oposición, los viejos y los nuevos, triunfantes relativos de las urnas, aunque también afectados por el desencanto general, se muestren irresponsables y mantengan su incapacidad de articularse, de manera que el desencanto sostenga por ausencia de alternativa viable, por indiferencia y pasividad, el ahora golpeado proyecto neoliberal chileno.

En Perú, la vieja táctica de los socios neoliberales de Piñera, que van desde el actual gobierno a los fujimoristas del Diario La Razón, es distraer la atención de la gente de estos agoreros resultados, poniendo el foco sobre la cuestión del diferendo limítrofe marítimo binacional en La Haya. La llamada "política de cuerdas separadas”, hacer declaraciones de patrioterismo chapucero, por ejemplo, denunciando la demencial carrera armamentista chilena, y ocultar que esa carrera se financia en buena parte por las concesiones económicas y políticas insoberanas que ellos mismos le brindan y celebran a los capitales y la élite chilenos.

¿Cómo mantener el discurso ultra neoliberal del ministro Castilla, cuando en Europa misma se imponen impuestos a los grandes negocios financieros, y ahora encima los mentores chilenos se desploman electoralmente?

Bueno, pues, silencio.