lunes, 3 de septiembre de 2012

Las últimas trincheras

Por Boaventura de Sousa Santos *

¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?

Los hechos

En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos.

En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata a 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el gobierno del Frente de Liberación (Frelimo), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto.

En la India, el gobierno del Partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales.

En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la CIDH le solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspendiera inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte (que, de completarse, será la tercera más grande del mundo) hasta que fueran adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados. Brasil protestó contra la decisión, retiró a su embajador en la OEA y suspendió el pago de su cuota anual en la organización, retiró a su candidato a la CIDH y tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma de la Comisión, en el sentido de disminuir sus poderes para cuestionar a los gobiernos respecto de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, la suspensión de la construcción de la represa acaba de ser resuelta por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (Brasilia), por la falta de estudios de impacto ambiental.

Los riesgos

Para responder las preguntas con que comencé esta crónica, veamos lo que comparten todos estos casos. Todas estas violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero.

En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser sólo tierra y las poblaciones que los habitan, obstáculos al desarrollo que es necesario remover cuanto más rápido mejor. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera, donde todo queda entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial y la embajada de Canadá. Sí, Canadá, que hace 20 años parecía una fuerza benévola en las relaciones internacionales y hoy es uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida resistírsele, quizá sea demasiado tarde. Puede que, entre tanto, el capitalismo haya concluido que la democracia no es compatible con él.


¿Qué hacer?


Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo sólo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera, si nos lo proponemos. La situación actual es tan grave que es necesario tomar medidas urgentes, aunque sea pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente a continente, pese a que es indispensable articularlas cuando sea posible.

En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas.

Mi primer llamado es a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina para que abandonen el proyecto de reforma. Y especialmente a Brasil, debido a la influencia que tiene en la región. Si tienen una mirada política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrían beneficiarse con el prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Por cierto, la Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la Justicia los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que con sumo acierto se convirtió en bandera de los gobiernos de los Kirchner en sus políticas de derechos humanos.

Pero, como la ceguera del corto plazo puede prevalecer, llamo también a todos los militantes de derechos humanos del continente y a todas las organizaciones y los movimientos sociales –que vuelcan en el Foro Social Mundial y en la lucha contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– a unirse para enfrentar la reforma de la CIDH que está en curso.

Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos: desde los años ’70 y ’80, cuando la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala, y publicó informes denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias después del golpe de Estado en Honduras en 2009; para no mencionar las reiteradas solicitudes para que se clausure el centro de detención de Guantánamo.

A su vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador”, del 27 de julio pasado, marca un hito histórico para el derecho internacional, no sólo a nivel continental, sino también mundial. Tal como la sentencia en el caso “Atala Riffo y niñas versus Chile”, sobre discriminación por razones de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?

Los dados están echados. A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado.

A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el continente les toca ahora detener este proceso.
* Doctor en Sociología del Derecho.

El texto corresponde a la “Octava carta a las izquierdas” del autor.

Traducción:
Javier Lorca.


Colombia: Las FARC afirman que llegan a la mesa de diálogo sin rencores ni arrogancia

Adital

Este es el primer pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos anunciara la semana pasada el inicio de conversaciones de paz.

El Jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko afirmó en un video difundido este lunes que "llegan a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancia".

En el video las FARC también mencionan algunos de los puntos que buscan discutir en la mesa de negociaciones, como lo son el desarrollo rural, la conservación de los recursos naturales, trabajo y educación.

Confirman además la participación de los gobiernos de Venezuela y Noruega como mediadores del diálogo de paz que busca poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reiteró este lunes su deseo de poner fin al conflicto.

"Siempre todas las guerras terminan con algún tipo de acuerdo, de diálogo y por eso queremos ponerle fin a este conflicto a través de un acuerdo o un diálogo, sin que volvamos a repetir los errores del pasado", afirmó Santos durante el programa radial ‘En Línea con el Presidente’.

"Ojalá que podamos llegar a ese sueño que tenemos todos los colombianos, porque llevamos casi 50 años en esta guerra que tanto dolor y tanta violencia nos ha causado”, señaló.

Hizo énfasis en que "con mucha esperanza los colombianos estamos viendo si podemos finiquitar este conflicto que tantos dolores nos ha causado”.

La noticia es de TeleSUR - Caracol - Elpais.co / FC




Chile: Organizaciones gremiales, sindicales, ambientales y ciudadanas participan de la Primera Cumbre Social de Chile

Adital

Con una agenda centrada en la necesidad de cambios estructurales en el modelo sociopolítico del país, la Primera Cumbre Social de Chile, convocada por casi un centenar de agrupaciones sociales, tendrá lugar el próximo final de semana, 7 y 8 de septiembre, en la sede del Congreso Nacional de Santiago y en la Universidad de Santiago de Chile.

El encuentro sesionará a través de 17 comisiones temáticas, precisó la convocatoria que ilustró cómo en Chile una persona ubicada en el 10 por ciento del segmento más rico gana como promedio 46 veces más que una persona del 10 por ciento más pobre.

En Chile hay una explotación irracional de los recursos naturales en beneficio de intereses de un pequeño puñado de grupos económicos, nacionales y extranjeros, además de una severa exclusión de los pueblos originarios, subrayó un comunicado público en alusión a otros tópicos a examen en la cumbre.

Fuente: Prensa Latina


Chile: Invitan a la movilización en apoyo a la libertad de lo pueblo mapuche en Chile

Adital

Hoy (3), a las 19h30, se realizará la Marcha Mapuche en apoyo a los comuneros presos políticos en huelga de hambre integrantes de la comunidad Wente Winkul Mapu. La movilización tendrá la presencia de la comunidad wente winkul mapu y los demás comuneros de malleco e acontecerá desde Cerro Welen.

El día 26 de agosto, 5 presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol, pertenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu, de los cuales dos de ellos recientemente han sido condenados por el estado chileno a más 11 años de prisión, en un nuevo y orquestado montaje político-judicial, han dado inicio a una huelga de hambre indefinida.

Esta huelga de hambre indefinida, es llevada adelante por jóvenes Mapuche que actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Angol; que a pesar de que su libertad les ha sido arrebatada por el estado chileno, no han dejado de luchar y aportar desde donde se encuentren a la lucha por la liberación de la nación mapuche.

Fuente: Por Comisión de Comunicaciones / Campaña por la Libertad de TODOS los Presos Políticos Mapuche


Poblaciones centroamericanas luchan contra actuación dañina de las transnacionales

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Cada vez más los países centroamericanos siguen siendo ocupados y asediados por transnacionales que, en la búsqueda incansable de lucro, contaminan, desalojan y saquean con la implantación de proyectos mineros e hidroeléctricos. En el intento por impedir estas iniciativas y librar a los territorios ricos en biodiversidad de la ganancia de las grandes corporaciones, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc) – Vía Campesina y otras organizaciones sociales decidieron, una vez más, denunciar.

En El Salvador, la población está luchando contra la minera Pacific Rim, responsable de graves daños al territorio. Actualmente, la principal batalla es para que las actividades de la transnacional no contaminen la cuenca del río Lempa, que abastece casi a la mitad de la población. El Estado ha negado el permiso para la explotación, pero Pacific Rim interpuso una demanda de 120 millones de dólares contra el país en el Centro de Resolución de Conflictos de Inversiones (Ciadi), argumentando ‘expropiación de ganancias’.

A pesar de los conflictos y muertes de personas que luchaban contra la actuación de la empresa, la población organizada asegura que va a continuar luchando hasta que se consiga probar que la minería es una actividad incompatible con la situación de El Salvador. El país, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, está entre los diez más vulnerables de la tierra; tuvo una pérdida del 30% de la biodiversidad y es el país más deforestado del continente después de Haití, además de ser el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.

En Guatemala, la lucha es contra varias empresas que, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, utilizan indebidamente los bienes naturales y violan los derechos humanos de comunidades enteras. Como ejemplos, pueden ser citadas las luchas contra la mina Marlin, en Sipacapa, San Marcos; y contra la empresa de caña Chabil Utzaj, ubicada en Valle del Polochic, territorio Queqchi de donde fueron retiradas cerca de 800 familias en marzo de 2011.

En Costa Rica, la población también sufre por las desocupaciones forzadas y la destrucción de bosques para dar espacio al monocultivo de ananá, que está expandiéndose cada día más por el país. Las familias que resisten y se quedan en las tierras de interés de las empresas productoras tienen que firmar un contrato asegurando que van a continuar plantando y vendiendo el ananá a la empresa. La implicancia de este monocultivo es la contaminación de los mantos acuíferos y perjuicios a la salud de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.

Una de las luchas panameñas es contra la empresa minera Petaquilla Gold, que con su trabajo ya destruyó regiones de manglar en el distrito de Denoso, causó la muerte de peces y realizó la persecución y asesinato de líderes comunitarios. Actualmente, además de las explotaciones que ya son realizadas con el apoyo del gobierno de Ricardo Martinelli, existen solicitudes de concesiones para más del 43% del territorio panameño.

En Honduras, los movimientos sociales descubrieron que la población estaba siendo engañada por el gobierno, que enmascaraba los perjuicios causados por las empresas mineras. Vía Campesina revela que la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar del Reino Unido, con sede en Londres, realizó una investigación con el apoyo de especialistas y descubrió documentos oficiales que revelan la contaminación de aguas causada por la empresa Entremares, perteneciente a la minera canadiense Goldcorp.

El resultado de la contaminación ya puede ser visto hoy por alteraciones en la piel, en el cráneo, en problemas en las vías respiratorias y en el útero, en el caso de las mujeres. Especialistas aseguran que la contaminación durará, por más de 100 años.

Éstas y otras varias empresas instaladas en los países de América Central causan daños irreparables a la población y al medio ambiente, como destrucción de bosques, contaminación del agua, del aire y enfermedades respiratorias y alérgicas. También son comunes las violaciones de los derechos laborales con pago de bajos salarios, tratamiento indigno a los/las trabajadores/as e irrespeto de las jornadas de trabajo y garantías sociales. Otro problema es la criminalización y la persecución de los pueblos que se organizan para luchar contra los saqueos de las empresas transnacionales.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com




Chile: El movimiento estudiantil chileno hacia una nueva sociedad

Rebelión
http://www.rebelion.org/
Adital

*Por Eloísa González Domínguez

Las luchas del año pasado enseñaron que la movilización es la única forma para ser escuchados; el desprestigio de la institucionalidad como interlocutor hacia los movimientos sociales; y la necesidad de constituir un movimiento transversal desde donde plantear alternativas al sistema neoliberal en todos los planos.

Las movilizaciones del año pasado, para algunos "La primavera de Chile”, es el estallido tras un largo proceso de aprendizaje, movilización y reflexión de los estudiantes respecto del significado del derecho a la educación y que, en el 2011, tomaron forma en dos grandes ejes articuladores del movimiento: La gratuidad de la educación y el fin al lucro. En el caso de los secundarios, la gratuidad significa el término de las subvenciones y aportes compartidos, tanto a nivel municipal como particular subvencionado. El fin al lucro significa poner término al negocio del sistema particular subvencionado con los fondos públicos; el fin al lucro y la gratuidad significan que el Estado garantice y reconozca la educación como un bien público y como un derecho social.

En ese sentido, los estudiantes de base, en particular nosotros, los estudiantes secundarios, luego de las experiencias de las movilizaciones de los años 2006 y 2008, habíamos concluido en que el origen de la crisis que vivíamos se encontraba en los cimientos mismos del sistema educativo. Nuestras conclusiones y reflexiones fueron ignoradas, fuimos también engañados una y otra vez por autoridades y partidos tradicionales de la institucionalidad chilena. Y entonces aprendimos que sólo la masividad, la solidaridad y la fuerza de nuestras acciones (tomas, paros, cortes de calle, marchas) obligaría a los partidos y a las autoridades a asumir la evidencia de la crisis y dar un vuelco en la discusión.

No fuimos los únicos ignorados, quizás sólo los primeros en ocupar durante más de siete meses calles, plazas y escuelas, rompiendo el cerco informativo y permeando las conciencias ciudadanas. Ese miedo que durante tantos años infundió a diestra y siniestra la dictadura, y aquel adormecimiento del pueblo, en que la mano "tecnicista” de la Concertación podía cooptar la protesta social, terminó por quebrarse durante el año 2011, tanto por la acción del movimiento estudiantil como por las acciones de diversos movimientos con sus demandas respectivas, (por ejemplo, el movimiento en contra de HidroAysén y el "puntarenazo”). El 2011 significó entonces la instalación, tanto para el movimiento estudiantil como para diversos actores sociales, de nuevas lógicas frente a la ausencia de respuestas a las demandas ciudadanas.

Las lógicas

De estas lógicas se pueden distinguir tres principales: la movilización como única forma para ser escuchados; el desprestigio de la institucionalidad como interlocutor hacia los movimientos sociales; y la necesidad de constituir un movimiento transversal desde donde plantear alternativas al sistema neoliberal en todos los planos. El modelo asambleísta con que ha funcionado el movimiento secundario ha facilitado la permanencia y el progreso de estas lógicas; cada generación que participa de éstas, sin la distancia entre dirigentes y bases, permitiendo mayor amplitud, llegada y participación a los sectores menos articulados del movimiento.

La visión que tenemos los estudiantes secundarios surge desde nuestras propias vivencias, que a diario nos demuestran las contradicciones más palpables del sistema capitalista: cuando faltan sillas, agua, luz, profesores, y las toneladas de dinero destinadas a la educación llegan a los bolsillos de sostenedores y municipios, divisamos el predominio de un criterio mercantil en la educación. El que las universidades públicas incluyan medidas como el ranking como factor de ponderación, no corrige la desigualdad ni las pésimas condiciones de formación en que muchos estudiantes accederán a la universidad. El problema está en la formación previa, allí se concreta la segregación y allí se zanja el futuro de los jóvenes.

Hoy las matrículas en la educación municipal han disminuido peligrosamente, la migración ha sido desde la educación pública hacia los particulares subvencionados y pagados. El sistema impone la búsqueda de lucro, puesto que se alimenta de éste y del endeudamiento de las familias, la nueva forma esclavizadora del neoliberalismo chileno. Bajo esta realidad, hemos desarrollado un rechazo a la institucionalidad vigente que no ha entregado ni quiere entregar solución alguna a estos problemas.

A favor del lucro El rechazo de la Cámara de Diputados al informe sobre el lucro en la educación superior indica que el Parlamento no sólo no ha aprendido a representar a los ciudadanos, sino que, una vez más, en cuanto a la educación o los recursos del mar, vota para los que lucran con nuestras vidas, nuestros sueños, nuestra salud y con los recursos de todos los habitantes de Chile. Además, quienes hoy tienen el poder han encontrado su punto de consenso a través de la aprobación progresiva de leyes criminalizadoras de los movimientos sociales, como la ley anti encapuchados (aprobada el miércoles 18 de julio) y la ley Hinzpeter que prontamente será avalada por estos mismos parlamentarios.

En este contexto, ¿qué puede pretender como legitimidad un poder ciego y sordo a las demandas de los ciudadanos? Bajo estas circunstancias, los secundarios a nivel nacional apostamos a avanzar con nuestros padres y madres, con los pobladores, con los trabajadores. Queremos avanzar tomando como base la "Propuesta para la educación que queremos”, entregada en diciembre del 2011 (1). En ella subrayamos tres elementos. El primero, es la reivindicación de un sistema nacional de educación gratuito en todos los niveles.

Un sistema que se articule con excelencia y con coherencia a las necesidades del país y de cada comunidad, y que consagre la educación como un derecho fundamental. El segundo elemento, es que este sistema cuente con control comunitario remplazando el actual modelo municipal. Por control comunitario entendemos que sean las comunidades escolares y los habitantes de cada territorio quienes decidan sobre gestión y planes de enseñanza. Las comunidades pueden, con un buen apoyo técnico, asumir este desafío. Finalmente, una vez más, el término del lucro con los recursos del Estado. Para ello creemos que es preciso avanzar en la mayor y mejor solidaridad entre estudiantes, trabajadores y pobladores. Esto es lo que hemos querido expresar este año, no sólo en el discurso, sino también en la acción. Es así que debe entenderse la ocupación de la empresa Konecta Chile por trabajadores y estudiantes.

No es coincidencia que hoy existan diversos sectores productivos que se encuentren movilizados en busca de la mejora de condiciones laborales, este fenómeno responde al sentido que instalaron los estudiantes, primero, y luego los habitantes de Aysén, Pelequén y Freirina, entre otros: "El que no llora no mama”. Pero, hay que ir haciéndolo juntos. Necesitamos la articulación de todas las luchas en la misma movilización callejera, en donde nuestras experiencias y el compartir vivencias se convierte en una relación de reciprocidad y de solidaridad que poco a poco va dinamizando nuevamente a todos los sectores. El espíritu de la "Propuesta para la educación que queremos” y que hoy diversos liceos del país y plenos universitarios, entre ellos el Pedagógico y la Universidad Central, han discutido y analizado para incluirla en sus banderas de lucha, se nutre de esta idea fuerza. Y es que el poder comunitario, como concepto puesto en práctica, ha mostrado que puede dar frutos.

1 Ver texto completo de la propuesta en http://www.movilizatechile.cl/2012/05/aces-chile-propuesta-para-la-educacion-que-queremos

*Eloísa González. Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)

http://www.lemondediplomatique.cl/Un-paso-desde-la-demanda-sectorial.html